Economía y sociedad
Por Hilario Barcelata Chávez
15 de octubre de 2015

El gobierno de Veracruz es uno de los peores recaudadores de ingresos propios a nivel nacional. Su desempeño es ineficiente y mediocre comparado con el resto de los estados. Los ingresos públicos propios que recauda representan en promedio, apenas 637 pesos por persona lo cual lo ubica en el lugar 30º entre los estados de peor desempeño en materia fiscal, muy lejos de la posición que tienen otras economías estatales como el Distrito Federal que obtiene 6,643 pesos por persona, lo cual es diez veces más que lo que recauda Veracruz. Asimismo, Nuevo León ingresa 3,175 pesos por persona (cinco veces más) e incluso economías más pequeñas que la veracruzana como Campeche recauda 2,504 y cuadruplica lo obtenido por Veracruz y Chihuahua con 1,930 pesos lo triplica.

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Asimismo si se comparan los ingresos propios que obtiene el estado como proporción de su Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) se puede observar que Veracruz también es incapaz de obtener una participación considerable de la riqueza que se genera en el territorio estatal, pues apenas alcanza a captar el 0.6% del PIBE, lo cual lo coloca en el lugar 29º entre los estados que menos recaudan, muy lejos del Distrito Federal que obtiene 2.3%, e incluso menos que estados más pobres como Chiapas con 1.7, Oaxaca 1.6 y menos que otras economías más pequeñas como Chihuahua que obtiene 1.6% y Guanajuato 1.2%.

Una de las razones por las que estos ingresos son tan bajos es que el gobierno estatal realiza muy mal la tarea de recaudación de impuestos, la cual también es sumamente reducida, de manera que anualmente apenas obtiene 458 pesos por persona, lo que lo ubica en el lugar 20º entre los peores recaudadores, muy lejos del Distrito Federal que obtiene 4,048 pesos, Campeche 1,467, Nuevo león 1,434 y Querétaro 1,120 pesos por persona. De igual modo al comparar el monto de recaudación de impuestos propios con la magnitud de la riqueza generada a nivel estatal, se observa que el gobierno de Veracruz obtiene apenas el 0.4% de impuestos como proporción del PIBE, ubicándose en el lugar 20º entre los de peor recaudación, lejos del Distrito Federal que recauda el 1.4 y Nayarit y México con el 0.8%

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Por lo anterior la participación de los ingresos propios en el total de ingresos del estado es excesivamente baja, lo cual condiciona la capacidad de maniobra financiera y limita los recursos públicos para financiar el gasto. Por ello al medir la “Autonomía Financiera” del gobierno estatal (ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales) se observa que la de Veracruz es de las más bajas del país, de 4.5% lo cual lo ubica en el lugar 30º a nivel nacional, muy lejos del 37.5% que logra el Distrito Federal, el 14.5% de Nuevo León, 13.7% de Querétaro y el 12.4% de Tamaulipas. Incluso estados más pobres como Oaxaca y Chiapas superan a Veracruz con una autonomía financiera mayor, de 6.5 y 6% respectivamente.

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Estos reducidísimos ingresos fiscales limitan de manera fundamental la capacidad operativa del estado de tal manera que al calcular su “ Índice Autonomía Operativa” que compara el monto de los ingresos propios con la magnitud del gasto corriente y permite medir la parte del gasto corriente que el gobierno estatal puede cubrir con ingresos propios, se observa que en Veracruz esa capacidad es muy limitada pues dicho indicador es de apenas el 11.7%, es decir, los ingresos propios apenas alcanzan a cubrir una décima parte del gasto corriente. Este valor ubica al estado en el lugar 31º a nivel nacional entre los de peor situación, muy lejos de la capacidad financiera que tiene el Distrito Federal cuya Autonomía Operativa es de 131%, Querétaro de 103.2% Nuevo León 86 y Aguascalientes 86%.

Es tan grave la situación de Veracruz en este sentido, que aún si se suman las participaciones federales que recibe resulta que aun con eso no puede cubrir el total de su gasto corriente. Para observar esta situación se calcula el “Índice de Capacidad Operativa” que permite conocer qué proporción de gasto corriente puede ser cubierto con recursos de libre disposición de un gobierno (ingresos propios más participaciones federales). En el caso de Veracruz este indicador es del 88%, es decir no le alcanzan sus recursos, lo que significa que anualmente tiene un déficit operativo equivalente al 12% de sus ingresos de libre disposición. Esto lo ubica entre los estados en peor situación financiera ya que ocupa el lugar 29º, muy lejos de estados como Aguascalientes con un indicador de 450%, Baja California Sur con 391, Hidalgo 374 y Querétaro 359%.

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De igual modo mediante el cálculo del “Índice de Autonomía Burocrática de Impuestos” se puede medir en que magnitud la recaudación de impuestos propios permite pagar los gastos en “servicios personales”, lo que permite identificar la capacidad que tiene el gobierno estatal para cubrir su nómina con lo que recauda de impuestos, observándose una situación desastrosa ya que el valor del indicador para Veracruz es de 9.4%, lo cual significa que los impuestos que cobra el gobierno no le alcanzan ni para cubrir el 10% del total de su nómina. Esto posiciona a Veracruz en el lugar 29º entre los estados en peor condición financiera, muy alejado del Distrito Federal cuya capacidad es de 121%, Querétaro de 96, Baja California Sur de 80 y Aguascalientes de 70%.

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De igual modo si se suman el resto de sus ingresos propios para calcular la capacidad de estos para el mismo propósito (pagar la nómina) su situación no mejora prácticamente ya que este rubro apenas le permite cubrir el 13% del total de su nómina. Aquí su situación comparativa es peor ya que ocupa el lugar 31º entre los estados de peor desempeño, muy lejos del Distrito Federal cuya capacidad para cubrir su nómina con ingresos propios es de 198%, la de Querétaro que es de 156, Quintana Roo 133, Aguascalientes 120 y nuevo León de 113%.

El gobierno de Veracruz requiere de una profunda reforma fiscal y presupuestal para resolver el enorme problema de la ineficiencia en la recaudación de impuestos y en el excesivo gasto público, elementos que se derivan en buena medida de una profunda corrupción e impunidad, pero también de una incapacidad para el manejo de los asuntos públicos por parte de una burocracia ignorante y mediocre.

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