Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
23 de octubre de 2015

Resulta increíble que, a pesar de la evidencia pública de sus falacias, en el gobierno de Javier Duarte se empeñen en repetir mentiras para, ellos sí, confundir y engañar a la ciudadanía.

Al conocerse completa la iniciativa de decreto que el titular del Ejecutivo envió al Poder Legislativo del Estado para la reestructuración de la deuda pública de Veracruz, quedó de manifiesto que no sólo se van a pedir tres nuevos créditos, garantizados con dos fondos de las aportaciones federales así como con los recursos del recién aumentado impuesto a la nómina.

En el decretazo se mal escondió una cuarta posibilidad de endeudamiento, que es la verdaderamente preocupante. Pero en todos los casos, se trata de contratar deuda para pagar deuda, como se dijo en este mismo espacio hace dos días.

Las operaciones de financiamiento a través de los fondos de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y para Infraestructura Social (FAIS), así como con el impuesto a la nómina, también fueron detalladas en la anterior entrega de esta columna: cinco mil millones de pesos en el primer caso, mil 700 millones de pesos en el segundo y 15 mil millones en el tercero, para un total de 21 mil 700 millones de pesos con los que el gobierno duartista dice que pagará 90 por ciento de la deuda pública supuestamente heredada de la anterior administración, lo que como también se demostró en la Rúbrica de este jueves, con base en documentación pública del propio Gobierno del Estado, es un mito.

Pero la cuarta operación prevista en el decreto de reestructuración de la deuda contratada casi en su totalidad durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, consiste –según se plantea con un lenguaje que de tan enredado, quisiera parecer cifrado– en autorizar que “los montos de amortizaciones que se realicen en virtud de la aplicación de los recursos obtenidos del crédito que se contrate con fuente de pago en el FAFEF, se pueda reflejar en un monto equivalente de financiamiento a ser destinado a inversión pública productiva y cuya fuente de pago sea el derecho y los ingresos a las participaciones que en ingresos federales corresponden al estado del Fondo General de Participaciones” (sic).

¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno de Javier Duarte pretende obtener cinco mil millones de pesos adicionales una vez que cubra una porción de la deuda a través del FAFEF, liberando así las participaciones federales que le corresponden a Veracruz y que en este momento están comprometidas en su totalidad.

Y el interés por liberar específicamente las participaciones es que, a diferencia de las aportaciones, son recursos sin etiqueta, de los que los gobiernos de las entidades federativas pueden disponer como mejor les plazca.

Esto queda completamente al descubierto en el artículo sexto del decreto de reestructuración, con un agravante brutal. En el numeral se dispone que “conforme se vaya liquidando el saldo de la deuda pública actual (…) se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la contratación de endeudamiento, por un plazo de hasta 25 años, por ese mismo monto (cinco mil millones de pesos). (…) Este financiamiento podrá tener como fuente de pago el derecho y los ingresos a las participaciones”.

Con ese dinero, fresco y con la posibilidad de manejarlo a su antojo, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa estará en condiciones de operar las elecciones del año entrante para imponer sucesor y evitar rendir cuentas sobre el desastroso manejo de las finanzas que ha llevado a Veracruz a la situación que obliga a hacer estos malabares financieros.

Mientras tanto, Veracruz y los veracruzanos quedaremos hipotecados durante 25 años.

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