Mutatis mutandis
Por Rafael Arias Hernández
08 de septiembre de 2015

“Impunes, 9 de cada 10 delitos cometidos en México en 2014” (Envipe INEGI, 2015)

Imposible ocultarlo. Ineficiencia y corrupción, complicidad y delincuencia dentro y fuera de los gobiernos, ocasionan otro tipo de daños y consecuencias, que tienen que ver con vigencia, funcionamiento y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Destrucción e involución de instituciones y leyes, dominadas y aprovechadas por discrecionalidad y voluntarismo, improvisación y ocurrencia, mediocridad y perversidad (y hasta criminalidad), aseguran y prolongan errores y pérdidas, limitaciones y sacrificios sociales.

En efecto, como muchas entidades del país, Veracruz padece una destrucción e involución institucional en aumento. Razones simples y sencillas, observables y comprobables.

Su situación difícil y compleja en lo social, económico y financiero, también está afectada en lo esencial, tanto en vigencia y aplicación verdadera de leyes, como en funcionamiento eficiente y oportuno de las instituciones de gobierno, con sus atribuciones, recursos y patrimonio. Indispensables para garantizar la convivencia civilizada y la solución pacífica de conflictos y problemas.

Inocultable, muchas leyes y sus instituciones, simplemente no funcionan, son debilitadas y anuladas.

Las primeras, en parte o en su totalidad son simples expresiones de buenas intenciones o letra muerta, obsoletas o inapropiadas; las segundas, las instituciones gubernamentales, se han convertido, también en parte o en su generalidad, en concesiones de gobierno. Trascienden escándalos y efectos, de su uso y abuso para fines personales, familiares y de grupo, tanto políticos como de negocios, legales o ilegales.

Lo dicho. La situación gubernamental de Veracruz está mal y puede empeorar, no sólo por el deterioro y debilitamiento administrativo y financiero, económico y social que las crisis nacional y mundial afectan y agravan.

No. Sino además por la imparable ineficiencia y delincuencia gubernamental que afecta, trastorna, pervierte y modifica estructura, atribuciones y funciones de las instituciones de todos los ámbitos de gobierno. 

Permanecen y proliferan inestabilidad y violencia, arbitrariedad y crimen. Se debilitan o anulan parcial o totalmente, instituciones oficiales, que requieren ser siempre sólidas y estables, eficientes y confiables, invariablemente apegadas a la ley y la legitimación popular, al control y respaldo ciudadano y social.

Sin normas e instituciones, sin apoyo y participación social el Estado de Derecho falla, hasta convertirse en parte de, o el problema mismo.

Menos fotos, discursos y declaraciones oficiales. Más y más transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas y fiscalización, evaluación social y previsión efectivas, son ingredientes básicos de gobiernos democráticos.

Sólo para ejemplificar la magnitud e importancia del problema, imposible de ignorar, ocultar o minimizar.

Sólo para dar una idea de la importancia y alcance del problema.

Permítaseme citar algunos de los datos más relevantes de la reciente información oficial, sobre uno de los temas que más preocupan.

“Por falta de confianza en las autoridades, sólo se denuncian 7.2% del total…La proporción de delitos que no fueron denunciados ante la autoridad o que a juicio de la misma no ameritaron abrir una averiguación previa fue de 92.8 por ciento en 2014, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) 2015, lo que significa que más de 9 de cada 10 delitos perpetrados en México quedan en la impunidad. ..De acuerdo con la Envipe, la cual mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, 49 por ciento de las causas por las que las víctimas no presentaron denuncia fueron atribuibles a la autoridad, como pérdida de tiempo y desconfianza hacia los gobernantes”. (La Jornada.011015)

En todos los frentes el clamor crece y se fortalece.

De ahí que hay que insistir y repetir. Justicia, simplemente Justicia, que garantice derechos y libertades; seguridad, estabilidad y tranquilidad; convivencia civilizada y solución pacífica de los problemas.

Oportuna y fundamentada, la reflexión que hace al respecto, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, quien en un interesante artículo, “La persistencia del patrimonialismo”, sostiene que este tipo de conceptos, son básicos para entender y explicar, combatir y erradicar algunos de los peores fenómenos de nuestro tiempo.

“Pasemos por alto si el nombre de esas posibilidades es extorsión, cohecho o peculado. Pongamos nuestra atención en la mecánica de las conductas. En cada una de ellas el político o funcionario termina considerando que los bienes, los servicios o las personas que tiene encomendados, son suyos. Por esta razón puede disponer de ellos, apropiárselos o intercambiarlos a fin de recibir sus beneficios directos o sustitutos. Quien de modo grosero toma algo del patrimonio público, lo hace suponiendo que tiene algún derecho sobre él; quien aprovecha un bien público en beneficio propio, lo hace amparado en la misma creencia; quien recibe un porcentaje económico por ajustar una licitación, cree proceder bajo los mismos parámetros”.(El País. 061015)

La problemática aumenta y se complica, El remedio radica, en buena parte, en la simple y sencilla razón de que son y serán las instituciones instrumento y medio para atender, resolver y erradicar problemas, como los de delincuencia, complicidad e impunidad gubernamental.

Siempre y cuando se entienda y atienda, que ellas mismas tienen previa y realmente, que sanearse, recuperarse y fortalecerse; incorporando obligadamente más participación y evaluación ciudadana y social, reales y efectivas.

Ineludible atender y enfrentar el problema. Resolverlo y erradicarlo.

Simulación no es la solución. Tampoco desinterés y pasividad.

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