IPE

Sociedad 3.0

El Colectivo Insurgencia Magisterial advierte que el programa de jubilaciones anticipadas del magisterio colocará en la quiebra técnica al Instituto de Pensiones del Estado y exige que haya castigo y devolución de las percepciones para los 2 mil 173 aviadores que han cobrado sin trabajar.

Al fijar su posición en torno a los anuncios de este lunes del gobernador, Insurgencia Magisterial calcula que, en lo que va de la presente administración, el gobierno ha pagado más de 4 mil millones de pesos a personas dadas de alta como maestros, adscritos a centros de trabajo, pero que por acuerdo con las autoridades eran comisionados para no presentarse a trabajar.

El colectivo manifiesta su extrañeza de que hace algunos años se hablaba de la existencia de más de 5 mil aviadores, de los cuales en 2014 fue depurada la nómina cuando se realizó la federalización, pero se pregunta de qué tamaño era la cantidad de aviadores cuando, posterior a la depuración, aún quedaron 2 mil 173.

También exige que se dé a conocer la lista de los aviadores, tanto los que fueron dados de baja en 2014 como en la actualidad.

Por otro lado, al referirse al riesgo que representa para el IPE la jubilación anticipada, señala que esta es una decisión simplista y populista que colocará al IPE al borde de la quiebra técnica, porque mil 585 personas dejarán de cotizar de la noche a la mañana, y esos mismos comenzarán a cobrar como jubilados; de igual manera, dice, los maestros ubicados en los rangos de 25 a 29 años de servicio, representan el grueso de maestros con los niveles de Carrera Magisterial más altos, es decir, perciben los mejores salarios.

Insurgencia Magisterial advierte que ha iniciado, por los mecanismos de acceso a la información pública, evidencias que le permitan documentar la corrupción que está implícita en este reconocimiento de aviadores.

A continuación, el comunicado íntegro:

 

Por: Colectivo Insurgencia Magisterial. 19/10/2015 

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El día de hoy, el gobierno de Veracruz anunció la aplicación de 10 medidas administrativas en la Secretaría de Educación de Veracruz para, según dice, optimizar el servicio educativo que se presta. Al respecto el Colectivo Insurgencia Magisterial plantea lo siguiente:

  • La situación financiera por la que atraviesa la administración pública de Veracruz, es producto de una gestión irresponsable de las actuales autoridades. Dicha irresponsabilidad se ha traducido en corrupción, al grado que hoy, el propio gobierno lo reconoce, pero sin asumir la responsabilidad por ese estado de cosas, lo cual, traduce la corrupción en impunidad.
  • Si los datos de la autoridad son ciertos, en lo que va de esta administración estatal el gobierno ha pagado más de 4 mil millones de pesos a personas dadas de alta por recursos humanos como maestros, adscritas a Centros de trabajo pero que por “acuerdo” con la autoridad (Secretario de Educación, Oficial mayor y Jefe de Recursos humanos) se les “comisionaba” para no presentarse a trabajar. Denuncias hechas públicas hace algunos años hablaban de más de 5 mil “aviadores”. Al respecto, es importante puntualizar que:
    • Con la federalización de la Nómina, en el 2014, por instrucciones de la SEP, se realizó una auditoría de recursos humanos y se cancelaron pagos a “comisionados” que no tuvieran centros de trabajo.  Ante esto caben las preguntas ¿la SEV mintió y siguió pagando a los “aviadores”? ¿De qué tamaño era el número de aviadores que después de depurar la nómina en el 2014, aún quedaron 2,173?
    • No es lo mismo Comisionados que “aviadores”. El Comisionado es un maestro que por necesidad del servicio debe desarrollar otra función (legal) distinta a la que tiene en su nombramiento, por ejemplo, Apoyos técnicos adscritos a Zonas, Sectores, Oficinas dentro de la Secretaría de Educación, es alguien que si trabaja. También existen Comisiones ilegales, por ejemplo, a los líderes sindicales de la Sección 32 y 56 que se les sigue pagando aún sin estar frente a grupo o en algún área educativa (contamos con documentos obtenidos por peticiones de acceso a la información pública que lo prueban), lo cual viola flagrantemente la Ley aplicable. En cambio, los “aviadores” son “personal” que fue contratado por el área de Recursos Humanos, con la autorización del Oficial mayor y del Secretario de Educación, y a los cuales se les dió un nombramiento y una adscripción y se les autorizó de manera oficial a no presentarse a trabajar. Al estar dados de alta como personal de la Secretaría de Educación, sus cheques con salarios y prestaciones se pagaban de manera puntual. Los “aviadores” cobran sin trabajar con la autorización de la autoridad. Por ello, EXIGIMOS:
      • Se presenten las denuncias penales correspondientes para encarcelar o en su caso inhabilitar como servidores públicos a las autoridades de la SEV involucradas, que autorizaron y solaparon este estado de cosas.
      • Se dé a conocer, por ser de interés público, la lista completa de estos 2,173 “aviadores”, con la fecha en la que ingresaron y el monto de salario mensual que cobraban.
      • Se dé a conocer la lista de los “aviadores” que fueron dados de baja o readscritos en el 2014.
      • Se presenten las denuncias penales para que todos los “aviadores” reintegren el salario que de manera fraudulenta cobraron.
  • Respecto del llamado excedente de 1,585 plazas estatales, ante las cuales el gobierno de Veracruz plantea un programa de jubilación anticipada a los trabajadores con antigüedad de 25 a 29 años de servicio con el 100% de jubilación, planteamos la siguiente ALERTA:
    • Esta decisión simplista y populista impactará de manera directa en las ya de por sí frágiles finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), al grado de colocarlo al borde de la quiebra técnica. El Consejo de Administración del IPE debe dar un NO rotundo a esta “instrucción”, ya que el IPE no es una oficina de la SEV, responde a los intereses de miles de pensionados y activos que quincenalmente aportan para su funcionamiento.
      • Los impactos van en dos sentidos: 1,585 dejarán de cotizar al IPE de la noche a la mañana e igual de la noche a la mañana el IPE deberá pagar a 1,585 nuevos jubilados.
    • Los maestros ubicados en los rangos de 25 a 29 años de servicio, representan el grueso de maestros con los niveles de Carrera Magisterial más altos, es decir, perciben los mejores salarios. Darles de baja por jubilación, va a implicar que ciertamente este gobierno adelgace su nómina, pero esta carga se la trasladará al IPE, incluso se convierte en una bomba de tiempo para el próximo gobierno estatal, ya que los pagos de prestaciones y regularización de pensiones, están tardando más de un año, es decir, los compromisos de pagos de estas 1,585 plazas serán absorbidos por el próximo gobernador.
    • Finalmente, nada garantiza que los recursos que “ahorrará” el gobierno, pero que serán pagados por el IPE, serán destinados a mejorar la educación, dada la cercanía de las próximas elecciones, hay un temor fundando que sean utilizados para promover y garantizar el voto a favor de los candidatos del PRI.
  • En cuanto a la incompatibilidad de empleos, es un descaro lo planteado, ya que para poder otorgar los nombramientos que avalan el ingreso al servicio, el área de recursos humanos de la SEV, siempre ha requerido un documento de Compatibilidad, de otra forma, el movimiento es rechazado. Reconocer este hecho, con el anuncio de hoy, nos hace preguntarnos ¿qué funcionarios de Recursos humanos serán inhabilitados y sancionados por estos ilícitos?, incluso ¿qué sanciones impondrá la Contraloría General del estado a los órganos internos de control de la SEV, bajos los señalamientos de complicidad u omisión en la comisión de un delito en perjuicio de las finanzas públicas?
  • Es inadmisible el anuncio de despidos o reubicaciones bajo el pretexto de la relación alumnos-maestro, sobre todo cuando más de la mitad de las escuelas son consideradas de organización incompleta o multigrado. Hacemos un llamado a los maestros de Veracruz, para defender el empleo, ya no solo contra la evaluación punitiva, ahora también contra decisiones gubernamentales que plantean el cierre de grupos y escuelas con justificaciones financieras, en el fondo el gobierno quiere obtener dinero de donde sea para tapar los huecos financieros generados por la deuda multimillonaria que ha contraído de manera irresponsable.

Como Colectivo, hemos iniciado la solicitud, vía los mecanismos de acceso a la información pública, de aquellas evidencias que nos permitan documentar la red de corrupción que este decálogo reconoce, pero ante la cual se plantea un borrón y cuenta nueva oficial, así como la consulta con abogados democráticos para valorar una respuesta por la vía legal. 

NO a la impunidad, NO al intento de cargar a la educación los costos por las malas decisiones financieras de este gobierno.

Estemos pendientes a los llamados que harán los compañeros de la COPIPEV y otras organizaciones para defender al IPE y su viabilidad.