Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
02 de octubre de 2015

La noche de este miércoles, un grupo de asaltantes entró en el domicilio particular de un profesor de psicología de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz, a quien maniataron y golpearon para luego robarle.

En el botín se incluyeron aparatos electrónicos dotados con geolocalizador, aplicación que, horas más tarde, permitió al académico, de nombre Roberto Alejandro González Riego, ubicar a sus agresores, quienes departían como si nada en el bulevar Manuel Ávila Camacho de aquella ciudad.

Esta vez, el profesor iba armado con un machete, con el cual hirió seriamente a uno de los presuntos delincuentes, Cristian Israel González, de apenas 18 años de edad.

González Riego enfrenta ahora cargos por intento de homicidio, mientras que Cristian está internado en un hospital, con heridas de gravedad.

El caso llamó la atención en redes sociales, donde se cuestionó si es justo o no que la víctima del robo pueda ir a la cárcel por defender su patrimonio de la delincuencia, que actúa a sus anchas, sin autoridad que le ponga freno. La ley dice que sí.

Episodios como el narrado son cada vez más frecuentes en el estado de Veracruz. La población ha decidido tomar la justicia en sus manos para defenderse de los delincuentes, pues las autoridades, cuya función primordial es garantizar la seguridad de quienes habitan en la entidad, son incompetentes, omisas o abiertamente cómplices de los criminales.

Los responsables de la debacle de la seguridad en Veracruz tienen nombre y apellido. Y uno de ellos comenzó a promoverse para buscar obtener fuero el año que entra.

La posibilidad de que el actual secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita sea candidato a diputado local comenzó a medirse en medios esta semana, a través de plumas afines al régimen. La sola idea causa horror.

Arturo Bermúdez ha sido el único funcionario estatal que ha hecho lo que le viene en gana todo el sexenio, sin que haya consecuencias. Inamovible de su cargo, el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa alguna vez declaró que primero se va él que su secretario de Seguridad Pública, sobre quien pesan acusaciones por abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza e incluso homicidio, esto último por el caso Gibrán Martiz.

Por ello no es descabellada la idea de que Bermúdez esté buscando la protección del fuero una vez que se le acabe la de su amigo el gobernador. Lo que sí es de risa loca es que haya quien lo apunte para una diputación de mayoría relativa. No votarían por él ni en la academia de El Lencero.

Así como el de Bermúdez, se barajan los nombres de varios “distinguidos” miembros de la “prosperidad” duartista que buscan a toda costa acceder a una diputación para evitar, al menos en primera instancia, que les “echen el guante” y se les llame a cuentas por las fechorías de un sexenio atroz.

Es la impunidad en su máxima expresión. Pero cuidado que los ciudadanos se atrevan a tomar por sí mismos la defensa de su integridad y su patrimonio. Parafraseando la máxima juarista, en Veracruz hay, para los amigos (de Javier Duarte), “justicia” y gracia. Para los demás, la ley (y si se le tuerce, mejor) a secas.

 

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