El director jurídico del ayuntamiento xalapeño, Roberto Gutiérrez Pérez anunció que la autoridad municipal podría imponer multas económicas y encarcelamiento para quienes obstruyan la vialidad, las sanciones irían desde 80 días de salario mínimo, hasta los cuatro o seis años de prisión.

Aún con esto, cualquier diagnóstico serio sobre los problemas de la vialidad de la capital muestra que las protestas públicas son un factor de incidencia, pero no el único, y es que lo que más salta a la vista es que la autoridad municipal se ha omitido a la hora de tocar intereses económicos y políticos que verdaderamente han sido causantes del caos, entre los que destacan la saturación del centro de la ciudad por las rutas del servicio urbano, la permanencia de las centrales de autobuses foráneos y la proliferación de bodegas que sin control alguno se han apoderado de calles y banquetas para realizar sus actividades de carga y descarga a toda hora.

Los problemas de la movilidad urbana pueden empezar a resolverse si la autoridad municipal deja de proteger intereses, cuando no haya intocables, entonces si estaremos ante una autoridad que se coloca por encima de todo interés político, y que atiende sin distingo las necesidades de los capitalinos; mientras eso no suceda todo lo demás serán pronunciamientos repletos de demagogia.