fotos-2015-10-19-Xalapa-443492Rosalinda Morales/Xalapa- 2015-10-1909:18:45- Quienes hacen leyes deberían vislumbrar la complejidad de un juicio de procedencia, deberían pensar en suprimir el fuero antes de emitir opiniones respecto de que la Fiscalía General del Estado, es ineficaz, opinó su titular, Luis Ángel Bravo Contreras.

Reconoció que la Fiscalía ha sido señalada por ser ineficaz por no detener a aquellos exalcaldes como el de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, pero consideró que la sociedad debe tener claro que su labor es cumplir y hacer cumplir la ley.

“No puedo hacer otra cosa que tutelar que todas las áreas de la Fiscalía cumplan con la ley. La ley dice que cuando un alcalde pretende ser acusado por la comisión de algún delito, debe ser desaforado, éste es un proceso que demora semanas, a veces hasta meses, es un procedimiento público, todos los actores involucrados se enteran y se defienden de todo lo que el Ministerio Público pretende y tiene como elementos probatorios”, manifestó.

Por lo que consideró que si ese procedimiento, es decir, el juicio de procedencia, que se debe desahogar en semanas o meses, en contra de algún alcalde no existiera, “sería muchísimo más fácil ejecutar una orden de aprehensión”.

‘Solo cumplo con la Ley’

Sin embargo recalcó que la ley dice que así debe ser, a lo que aclaró que no se queja por esto, él cumple con la ley.

“Pero quienes hacen leyes deberían vislumbrar la complejidad. He oído opiniones de diputados… Es muy fácil decir la Fiscalía no ejecuta las órdenes rápido, pero si les das dos meses para que se esconda, evidentemente va a costar más trabajo aprehenderlos, que si no tuvieran esa inmunidad los alcaldes”, opinó.

Sobre todo en casos como los que se han estado vislumbrando ante el Congreso del Estado como homicidios.

Citó el caso de Ayahualulco donde es un abuso de autoridad en el que inicialmente detectó que el fiscal encargado del caso le había dado la razón al Alcalde, sin embargo, la parte agraviada hizo uso de sus derechos e interpuso un recurso, por lo que la Sala Constitucional ordenó al Ministerio Público a proceder.

De manera que todos los comentarios que emiten actores políticos pueden llegar a confundir a la sociedad en torno a que la Fiscalía no actúa conforme a Derecho por no ejecutar rápido las órdenes de aprehensión y recalcó que no lo pueden hacer si no están desaforados.

Presentarían iniciativa para acortar plazo de desafuero de servidores públicos en Veracruz

El diputado local Eduardo Sánchez Macías analiza los términos de una Iniciativa que reformaría la ley del fuero correspondiente, para que el proceso completo de desafuero se desarrolle en un máximo de 15 días.

Servirá para acortar o flexibilizar en Veracruz el proceso de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que puede conducir al desafuero de algún servidor público o representante popular.

Consideró que la figura del fuero tenía razón de ser cuando se creó, pues se trataba de garantizar la protección de los servidores públicos, la “inviolabilidad” del derecho –por ejemplo– de los senadores y diputados para expresar ideas o críticas, sin ser reprimidos por otros poderes.

Posteriormente –explicó–, se amplió y surgió la inmunidad procesal para funcionarios de diversos órdenes de Gobierno, quienes quedan fuera de la jurisprudencia de los poderes judiciales.

De acuerdo con Sánchez Macías, vocal de la Comisión Permanente de Gobernación de la LXIII Legislatura del Estado, las circunstancias actuales son distintas y por ello es conveniente legislar y hacer más ágil la eliminación de la protección de la justicia, cuando se presuma la comisión de alguna conducta delictiva.

“Considero que este tipo de juicios no debe prolongarse más de 15 días –continuó–, porque a la fecha se lleva más de 45, pues necesita cubrir diversas etapas y en ocasiones facilita que se promuevan amparos y la acción penal no se ejecute, o permite a la persona señalada darse a la fuga”.

Dijo que es necesario que exista un proceso más rápido, pues si bien el fuero es una garantía constitucional, es momento de analizar la ley e impulsar reformas para que el trámite no sea tan engorroso y evitar que conductas ilícitas queden impunes.

También recordó que el Congreso del Estado sólo da curso al procedimiento, cuando recibe de la Fiscalía una solicitud para iniciar el Juicio de Procedencia a algún servidor público o representante popular: “No es un órgano jurisdiccional o inquisidor que finque responsabilidad o determine si la persona señalada como presunto responsable de un delito es culpable o inocente. Eso compete a las instancias de justicia”.

 

Agencias/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO