Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
29 de octubre de 2015

La crispación en el ambiente político del estado de Veracruz a unos días de iniciar formalmente el proceso electoral 2015-2016, por medio del cual se renovará la gubernatura y el Congreso local, ha subido de tono a niveles que no auguran más que riesgos y posibilidades de mayor violencia.

El enfrentamiento entre los grupos político-partidistas que se disputan el poder en la entidad se extiende hacia la sociedad civil, las agrupaciones sociales y distintos sectores profesionales, entre éstos, y especialmente por la naturaleza de su trabajo, el del periodismo.

La división existente entre el mismo gremio, entre aliados del gobierno y críticos del mismo, lo ha vuelto aún más vulnerable a los ataques externos, que abiertamente o desde las sombras se ciernen con cada vez menor disimulo sobre quienes se atreven a cuestionar las decisiones del régimen de Javier Duarte, que en cinco años ha demostrado ser letal para el sector periodístico veracruzano y para la sociedad civil en su conjunto, por acción u omisión.

Un ejemplo de esa crispación, del desprecio desde el oficialismo hacia la labor periodística, se suscitó este miércoles 28 de octubre durante la sesión extraordinaria de la LXIII Legislatura del Estado, en la que los diputados del PRI y sus aliados aprobaron el decreto de reestructuración de la deuda de la entidad que dejará hipotecado a Veracruz durante los próximos 25 o 30 años.

Para apoyar a “sus” diputados y descalificar a los opositores, se movilizó a integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias, de Antorcha Campesina e incluso a burócratas de la administración estatal para llenar el salón de plenos del Congreso local mientras se discutía el decreto del gobernador Javier Duarte y ejercer el triste papel de “porros matraqueros”, lastimosa y rancia práctica del priismo más anacrónico.

Cuando uno de esos diputados, el ex panista y hoy ferviente duartista José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos –sobre quien pesan señalamientos por ser el más corrupto de los alcaldes que haya tenido el municipio de Veracruz puerto– subió a tribuna para hacer circo con un ábaco y según con eso “explicar” los “beneficios” de la nueva deuda, los fotógrafos se abalanzaron en torno suyo para tomar sus gráficas.

Fue entonces que se escuchó un grito en el salón de plenos, dirigido a los periodistas que realizaban su trabajo: “por eso luego los matan”, dijo alguien sentado en las butacas, lo que calentó la sangre de los comunicadores.

La autora del improperio fue una mujer de nombre Tomasa Delfín Martínez, miembro del sector campesino del PRI en Veracruz que fue llevada al Congreso a aplaudir algo que seguramente ni siquiera entendía. Insignificante en sí misma, pero a la vez ejemplo soez de la rabia del oficialismo, desde sus más bajos estratos, hacia los medios.

Es ése el ambiente que se respira en Veracruz en este momento. Intolerancia, encono, revanchismo. Y lo mismo afecta al sector periodístico que a la sociedad en su conjunto, injuriada por una clase gobernante sorda, soberbia e irresponsable.

Es el mismo caso de Araceli Salcedo, la madre la joven desaparecida desde hace tres años Fernanda Rubí Salcedo. Tras reclamar de frente al gobernador Duarte la inexistencia de avances en la investigación, su hija fue injuriada por encargo en el periódico de un mercenario de nombre José Abella, quien además, tras recibir fuertes críticas por su servilismo y vileza, se dedicó a insultar y amenazar periodistas con vulgares mensajes a sus correos electrónicos, bajo la misma tónica: “por eso los matan”.

Porque en Veracruz, señalar las pifias de los dueños del poder económico y político es casi una sentencia de muerte.

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