Camaleón         
Por Alfredo Bielma
24 de octubre de 2015

En las últimas tres décadas del siglo XX, como consecuencia de sufrir en los bolsillos y en la calidad de vida el efecto de las recurrentes crisis económicas, los mexicanos conocimos con dura crudeza el significado de una inflación y el impacto de un proceso devaluatorio, previamente eran asignaturas al acervo monopólico de los economistas pero por su recurrencia pasaron a ser del dominio común. Ahora, en Veracruz, estamos tan familiarizados con el concepto de Deuda Pública, con su muy hipotético monto por la magra información sobre su acrecentamiento, que resulta muy difícil para el gobierno apartarse de la verdad utilizando artificios retóricos sin poder evitar que desde el seno de la sociedad encuentre reacción en contrario. Lo que ocurre en Veracruz en materia de Deuda Pública alcanza ya proporciones graves, para el gobierno porque le ha impedido operar programas y políticas públicas de beneficio colectivo y para la población porque ya lleva a cuestas 11 años de inercia improductiva.

El martes pasado el gobernador del Estado informó a los veracruzanos sobre un proyecto enviado al Congreso local para su aprobación (sería un auténtico eufemismo aseverar: “para su <estudio> y, en su caso, aprobación”), para “comprometer 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFFEF) y otro 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), así como la totalidad del impuesto sobre la erogación de personal (3% a la base trabajadora, empresarial y turística), con el objetivo de pagar el 90% de la deuda pública heredada del gobierno de Fidel Herrera”… “si el Congreso la aprueba podremos tener flujo de recursos, estabilidad financiera…y agilizar así el pago a proveedores y contratistas”.

La Secretaría de Hacienda fija la Deuda Pública de Veracruz en 45 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil millones corresponden a “la deuda heredada”, y entonces Duarte de Ochoa la elevó, hasta ahora, en 20 mil millones de pesos. Como los diputados aprobarán lo que le mandaron, entonces se podrán pagar 22 mil millones de pesos que representan al 90% de “la deuda heredada”. De cualquier manera quedará un remanente bastante elevado que dudosamente permitiría la “estabilidad financiera” de que se habla pues la reestructura se instrumenta mediante la contratación de nueva deuda y, peor, el embargo del 25% de los fondos de aportaciones ya referidos.

Debido a la opacidad con la que desde sus inicios la actual administración estatal manejó los índices de la “deuda heredada” los veracruzanos no tuvimos oportunidad de conocer su verdadero monto, y a causa del desarreglo administrativo con el que se manejaron los fondos públicos en el gobierno “cercano a la gente” al duartismo se le complicó conocer el monto del pasivo circulante. Ese que hasta ahora ha demostrado insolvencia para pagar regularmente a sus proveedores. Por estas razones, eso de que “Vamos a pagar la deuda pública con nuestros activos…” suena muy eufemístico y poco claro… peor todavía si se nos receta con el “hoy tenemos un Veracruz que ya cambió”, como premisa iterativamente formulada desde el gobierno estatal que nadie en Veracruz comprende porque no atinamos a entender a qué se refiere ese cambio, si fue para bien o para mal; o, acaso todo se reduce a una consigna propagandística como aquellas a las que era afecto Goebbels.

En todo caso, debemos estar conscientes que la medida anunciada por el gobernador Duarte de Ochoa es lo más que puede hacer la federación por su gobierno al autorizarle que utilice el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFFEF) para destinarlos como respaldo en la reestructura de la deuda pública. Es bastante obvio que para fines programáticos esta administración estatal ya cerró sus puertas y lo que ahora anuncia le propicia un ligero respiro al aminorar los conflictos que enfrenta, pero difícilmente habrá inversión para infraestructura, tampoco habrá oportunidad de mejorar el sector salud actualmente colapsado y en criminal abandono; las carreteras y los caminos veracruzanos permanecerán en el deterioro en que se encuentran y los empresarios ya sabrán que el impuesto al 3 por ciento a la nómina tiene un destino fijo, muy diferente al propósito que le dio origen. En cuanto al monto del servicio de la deuda no habrá mucha modificación, porque la actual administración aumentó sustancialmente la “deuda heredada” y a ella habrá que sumar la que ahora pretende contratarse con el irresponsable aval de los diputados.

Pareciera que se sataniza el mecanismo de contratar Deuda Pública, como si ésta provocara todos los males que nos aquejan. No es así, pero sucede que en nuestra entidad los recursos obtenidos mediante ese procedimiento durante el gobierno de Herrera Beltrán, y los dineros provenientes por ese mismo conducto concertados por el gobierno de Duarte, no encuentran reflejo en la geografía física y social de la entidad veracruzana: ni en nuevas carreteras, ni en modernos hospitales, ni en escuelas bien acondicionadas, ni en programas de apoyo al campo ¿Dónde, qué destino se dio a ese dinero? Ese es uno de los expedientes que la actual administración no ha sabido explicar, pues incluso el dinero anualmente presupuestado para inversiones y obra pública, que asciende a miles de millones de pesos en los últimos cinco años, tampoco refleja su inversión en nuestra realidad.

Por lo mismo- argumentar como base para la reestructura de la Deuda veracruzana que propiciará nuevas obras es cuestionable, y asegurar que se podrá pagar a proveedores no resulta muy creíble y suena más a apremio por evitar resistencias que a un genuino deseo de cumplir compromisos. Otra razón para suponer dificultades en el cumplimiento de expectativas encuentra sustento en la Ley de Ingresos de la federación que ahora se discute en el Congreso federal, pues Hacienda propone una disminución de 3 mil 212 millones de pesos a los estados, luego entonces, por mucho que diputados y senadores ajusten esa propuesta la tendencia a restarle dinero a las entidades prevalecerá en la Ley ¿con qué suplirá el gobierno del estado ese menoscabo?

Por último, ¿para qué enfatizar sobre el concepto de una “deuda heredada” si en términos bancarios y financieros el monto total está consolidado e incluye los créditos contratados por el actual gobierno? A estas alturas el subliminal deslinde se antoja como un vano intento para escurrir el bulto que desde sus orígenes debió haberse expuesto al pueblo de Veracruz, ya hace cinco años, pero en la decisión para no hacerlo gravitó la gratitud hacia el aparente “benefactor” en demérito de la obligación constitucional y del juramento rendido ante el Congreso de servirle al pueblo veracruzano, que hoy con justa razón reclama.

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