Imagen
Por Fernando Vázquez Rigada
12 de octubre de 2015

Finalmente, lo hicieron. Aprobaron un impuesto que acelerará la destrucción del empleo en Veracruz. Gravará a quienes invierten. Pondrá una carga mayor a quienes ya defienden, a duras penas, sus fuentes de empleo. Para ellos habrá de dos: o despiden o bajan salarios.

Bastaría recordar que el ingreso de los veracruzanos es más de 30% inferior a los del resto del país para entender lo que esto significa.

Pero no entienden.

Veracruz es una entidad en donde millones luchan para evitar la pobreza que les acecha. Millones se encuentran en la frontera, delgada y mínima, que divide a los que viven en vulnerabilidad de los que viven en pobreza. Esos, que en Veracruz son 490 mil, que entraron en sólo dos años a la dictadura de la miseria. Millones más, con esto, podrían entrar a la pobreza en los próximos meses.

Pero no les importa.

El espectáculo del congreso fue tan denigrante que desnuda la fragilidad de las instituciones veracruzanas. Los argumentos del aumento, absolutamente baladís, fueron dictados a la mayoría sumisa y lanzados al ridículo, papel que desempeñaron con grandeza. El defensor de oficio Adolfo Ramírez Arana protagonizó el papel estelar de la ignominia y la abyección. Subió a tribuna sin haber leído la iniciativa ni las tarjetas que le ordenaron leer.

Hasta los abyectos deberían tratar de mantener un gramo de dignidad.

Pese a los que diga la mayoría política –que no social- del Congreso, el impuesto será utilizado para tapar huecos financieros generados por una administración pública inexistente, por aprendices de administradores que despilfarraron los recursos públicos de Veracruz, los malgastaron o los esfumaron.

La perla de la ley está ahí, clara para quien quiera entenderla: la recaudación será destinada “para el pago de deuda pública y para el saneamiento financiero”.

En buen español: los veracruzanos pagarán más (con su dinero, con su salario o perdiendo su empleo) para remendar las pifias que se han cometido sin cesar.

Subrayo: serán sólo remiendos.

El impuesto generará casi mil millones de pesos al año. Eso es sólo la mitad de lo que se le debe a la UV.

El estado debe 44 mil millones de pesos registrados y miles más en pagos vencidos.

El proyecto del túnel sumergido comenzó en 1,700 millones de pesos y costará 5 mil.

El sobregiro mensual del gobierno es de 800 millones de pesos.

De ese tamaño es el abismo financiero.

La recaudación será para pagar los intereses de la deuda y para que el gobierno pueda pagar la nómina y los aguinaldos de sus empleados en diciembre.

No alcanzará para mucho más.

En el colmo de la ignorancia, Ramírez Arana, bisoño y analfabeta funcional, dijo que el congreso no tiene facultades de fiscalización. Una vergüenza.

Como advertí antes, el incremento de impuesto a la nómina y la desaparición del de hospedaje es irresponsable e inoportuno.

En lugar de que los diputados forzaran un genuino recorte de gastos, desparecieran dependencias inútiles, castigarán la corrupción, aprobaran una ley de extinción de dominio para quitar los bienes robados a los veracruzanos por políticos inmorales, forzaran a los ayuntamientos a cobrar adecuadamente el predial, optaron por la salida grotesca de castigar a quienes supuestamente representan.

No han cumplido con su deber constitucional.

Que se vayan. La nación se los demanda.

Contacto:

@fvazquezrig