Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
27 de octubre de 2015

Tras su imposición como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, Alberto Silva Ramos comenzó a buscar reflectores mediáticos para hacerse propaganda a través de declaraciones, anuncios y ataques contra sus adversarios, de dentro y fuera.

La verborrea del “Cisne” lo mismo se ocupó de anunciar el “regreso” al PRI del alcalde “perredista” de Alvarado, Octavio Ruiz –quien nunca dejó de ser priista, sólo estuvo “prestado” un rato con el “PRD rojo”–, que de “regañar” a sus correligionarios José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, a quienes advirtió que habrá apoyo a sus aspiraciones a la gubernatura por parte del Comité Directivo Estatal que encabeza, “siempre y cuando haya respeto para el primer priista del estado”. O sea, para el cada vez más disminuido gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Incluso, a través de sus voceros mediáticos, Silva mandó publicar que uno de ellos, José Yunes Zorrilla, se había “hecho a un lado” de la contienda por la candidatura priista a la gubernatura por el hecho de haberlo desairado en su desangelada toma de protesta ante cientos de acarreados el pasado sábado 24 de octubre, lo cual fue desmentido por el propio senador peroteño este lunes. “Es un borrego que sacaron a retozar a la pradera”, dijo.

Lo que es un hecho es que a Silva Ramos le hicieron creer que también lo impondrán en la gubernatura y para ello le soltaron algunos de los amarres del poder con el objetivo de que aparezca en los medios de comunicación así sea para adelantar la comisión de delitos, como ocurrió este lunes.

Tras la denuncia presentada por el diputado federal del PAN Miguel Ángel Yunes Linares en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal –Javier Duarte y Fidel Herrera incluidos– por el presunto desvío de nueve mil millones de pesos de fondos de la Secretaría de Educación de Veracruz los últimos once años, Silva Ramos salió a repetir la cantaleta de que los “aviadores” del ramo educativo fueron incorporados desde la época en que el primero fue secretario de Gobierno, hace más de 20 años.

Sólo que se fue de boca, y anunció que “en las próximas horas” se darían a conocer los nombres de los supuestos “aviadores” del sexenio de Patricio Chirinos. Y lo cumplieron. La noche de este lunes se difundió una lista con los nombres de 120 personas a las que, sin presentar una sola prueba, expusieron al descrédito público tildándolas de cobrar sin trabajar en la administración pública estatal.

Y resulta que eso es ilegal. El mismo oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Vicente Benítez González, advirtió a través de un comunicado que “no es posible dar a conocer la lista de nombres de ‹aviadores› debido al proceso administrativo que se realiza actualmente y al apego que hace la SEV a la Ley Federal de Protección de Datos Personales”.

En efecto. La norma a la que alude Benítez dispone, en su artículo 9, que “tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca”.

A su vez, el artículo 14 establece que “el responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica”.

Y finalmente, el artículo 21 señala que “el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable”.

Todos estos preceptos legales fueron pisoteados por el gobierno de Javier Duarte con tal de continuar la guerra sucia contra su principal adversario y de darle oxígeno, así sea a través de la ilegalidad, al cuestionado dirigente estatal del PRI.

Ya nos podemos imaginar su proceder si llegara a ser gobernador.

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