Revista Jurista
Sociedad 3.0

Habitualmente analítica de temas académicos, la revista Jurista se hace eco de los clamores de la sociedad y publica una severa crítica a la situación que se vive en México, pero especialmente en el estado de Veracruz.  “Violentado el estado de derecho”, titula su editorial del número 13, que está circulando desde esta semana, donde hace una síntesis de los fenómenos político-sociales y económicos que sufre el pueblo mexicano.

Lamenta que “Veracruz, con decenas de conductas peores que las del mandatario guatemalteco defenestrado, sigue viendo el saqueo de su riqueza por una camarilla que lo ha sumido en la pobreza extrema, sin posibilidades de desarrollo, con grave inseguridad y con mayor cantidad de población marginal que carece de oportunidades de vida digna”.

El Editorial, suscrito por el director, Octavio Ruiz Martínez, comienza diciendo que: “Hablar del sistema político mexicano es equivalente a enunciar un catálogo de iniquidad, configurado por tráfico de influencias, dispendios en el erario público, abusos de autoridad, enriquecimiento ilícito, peculado, impunidad, incumplimiento de múltiples deberes legales, ineptitud profesional y, en general, corrupción y conductas antisociales que en cualquier otro estado nacional con mediano desarrollo democrático, son altamente punibles”.

Y se pronuncia porque, al igual que en las empresas privadas, que no admiten los desvíos de recursos sin que haya castigo para los delincuentes, en el caso de los políticos mexicanos que “dañan, quebrantan y sustraen del tesoro público”, rindan cuentas reparen los daños y reciban sanciones por sus fechorías.

Reproducimos a continuación el texto íntegro:

Violentado, el estado de derecho

Hablar del sistema político mexicano es equivalente a enunciar un catálogo de iniquidad, configurado por tráfico de influencias, dispendios en el erario público, abusos de autoridad, enriquecimiento ilícito, peculado, impunidad, incumplimiento de múltiples deberes legales, ineptitud profesional y, en general, corrupción y conductas antisociales que en cualquier otro estado nacional con mediano desarrollo democrático, son altamente punibles.

La incertidumbre es la condición habitual del gobernado, que vive los embates de la violación a las disposiciones jurídicas, la impunidad en que permanecen los comitentes de delitos contra el patrimonio público y las infracciones a la ley en detrimento del estado de derecho.

No se concibe que, mientras en el sector privado los administradores o gerentes financieros de las empresas son requeridos a rendir cuentas y son castigados penalmente cuando cometen desvíos, no ocurra así en el sector público, donde los funcionarios a los que se les presta una investidura que deberían considerar sagrada, dañan, quebrantan y sustraen del tesoro público, sin rendir cuentas, reparar los daños ni recibir sanción alguna por sus fechorías.

Las instancias responsables nunca abordan los temas que involucran sumas estratosféricas de daño patrimonial. Cuando lo hacen, generalmente es por nimiedades, pero aún así, en realidad montan una tramoya para hacer creer a los ciudadanos que se aplicará la ley punitiva, presentan denuncias artificiosas, simulan que se investiga y finalmente no se determinan ni se ejercen las acciones penales y, por el contrario, el pueblo presencia asombrado cómo los responsables de latrocinios son premiados políticamente con fueros constitucionales u otros cargos, donde seguirán robando.

Nada nuevo decimos al repetir que la sociedad está cansada de tantas injusticias. El pueblo está cada día más empobrecido y marginado, mientras los servidores públicos parecen ufanarse en una competencia para demostrar quién obtuvo mayores beneficios,  adquirió más casas, edificios, autos y ranchos, viajó a países más exóticos, colocó en mejores puestos a familiares ineptos o gestionó otras prebendas y concesiones.

Un ejemplo para el mundo ha sido el caso de Guatemala, que procesó a un presidente corrupto, al cual apeó del solio del poder y lo metió en la cárcel. Veracruz, con decenas de conductas peores que las del mandatario guatemalteco defenestrado, sigue viendo el saqueo de su riqueza por una camarilla que lo ha sumido en la pobreza extrema, sin posibilidades de desarrollo, con grave inseguridad y con mayor cantidad de población marginal que carece de oportunidades de vida digna. Sí, lo que tenemos es un estado en quiebra.

Las Ley Anticorrupción recientemente aprobada por los legisladores federales será letra muerta y una utopía mientras en este sistema político sigan imperando la opacidad, la corrupción, el nepotismo, la simulación, las prebendas, el favoritismo y la ineptitud. En Veracruz, pero también en México, aspiramos a la prevalencia real del estado de derecho en todos los órdenes, para que se nos garanticen a los gobernados certidumbre, progreso y verdadera aplicación de las leyes.

CONTENIDO 

El número 13 de la revista contiene artículos de Pablo Aguilar González, Juan José Llanes Gil del Ángel, Ulises Flores Sánchez , Ivonne Anieva Ladrón de Guevara, Gabriel Ruiz Ortega, Francisco Aja García, Ana Sofía Suárez.

También contiene una entrevista al juez de Honduras, Carlos David Cálix Vallecillo, realizada por el director, Octavio Ruiz Martínez y el editor, Jaime Ríos Otero.

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