Por Luis Daniel Lagunes Marín*
30 de noviembre de 2015

En la reciente elección de diputados federales en México, cada partido tuvo la obligación legal de postular 150 mujeres y 150 hombres en las candidaturas uninominales, es decir, las que son resultado directo del voto universal en un distrito. Pero no sólo eso, se dividieron los distritos en tres grupos según la posibilidad de ganar para cada partido, es decir, de entre los cien distritos donde más posibilidades tiene de ganar la elección un partido, debió postular cincuenta mujeres y cincuenta hombres. De esta manera, se impedía el intento de postular mujeres en los distritos donde era menos probable el triunfo. Al que la mitad de los candidatos deban ser mujeres y la otra mitad hombres se le llama paridad.

Hace menos de un mes se renovaron los comités nacionales del PRD y de MORENA, de entre muchas cosas que la prensa destacó, me llamó la atención una en particular: del CEN de MORENA conformado por 21 personas, 18 son hombres y 3 son mujeres, mientras que en el PRD de 26 integrantes del CEN 13 son mujeres y 13 son hombres. Esto despertó el debate en las redes sociales, pues algunos simpatizantes de Regeneración Nacional salieron a la defensa de su comité a partir de descalificar las políticas de paridad de género, argumentando que forzar la titularidad de mitad de sus secretarías fuera ocupada por mujeres no garantizaba ni un mejor manejo ni políticas con orientación hacia la igualdad de género. Este último punto es el que me interesa.

Las acciones afirmativas existen desde hace décadas, son medidas temporales que buscan crear condiciones inmediatas para que sectores marginados puedan acceder a espacios que les han sido vedados, principalmente escolares, laborales o de gobierno. En Brasil, por ejemplo, mientras poco más de la mitad de la población es afrodescendiente, en las universidades la mayoría de los estudiantes eran blancos. Como una acción afirmativa étnico-racial se impuso a las universidades públicas que al menos el 40% de sus estudiantes fueran afrodescendientes. Esta medida provocó y sigue provocando muchas discusiones: un sector conservador argumenta que el examen de admisión es un medio que no distingue edad, género ni etnia, mientras los sectores progresistas recuerdan que las poblaciones afrodescendientes salieron hace no más de dos siglos de una historia de esclavitud, que tienen menor acceso a servicios, que hay mayores condiciones de pobreza, que existe un menor acceso a educación básica y uno considerablemente alto de analfabetismo. Por ello aunque el examen de admisión pudiera no distinguir, las condiciones socio-económicas y la racialización de la clase social sí determina quien llega más preparado a presentar el examen.

En México la participación de las mujeres en la política ha estado vedada, hace apenas 60 años lograron empezar a votar y su acceso a los puestos de elección popular fue muy lento. Apenas en la elección de 2003 la ley obligó a los partidos a no postular más del 70% de sus candidatos a diputados y senadores de un mismo género, en el 2009 cambió a no más del 60% y en el 2015 se llegó a la paridad, es decir, en la elección del 2003 y 2006 al menos 3 de cada 10 candidatos debieron ser mujeres, 4 de cada 10 en 2009 y 2012, y en este año 2015 5 de cada 10 candidatos debieron ser mujeres. Estas medidas han funcionado, del total de 500 legisladores 117 son mujeres, aún nos falta pero vamos avanzando.

Esta es la función de las acciones afirmativas de género, ser un atajo hacia la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para acceder a espacios estudiantiles, laborales y de gobierno. Como institutos políticos de izquierda es nuestra obligación poner el ejemplo. Por cierto, en el reciente Consejo Nacional del PRD se determinó una acción afirma de jóvenes en la que se mandata que en los órganos de gobierno del partido uno de cada cinco de sus miembros sea menor de 30 años, por ello 5 integrantes de nuestro comité nacional son jóvenes.

*Secretario Estatal de Jóvenes del PRD en Veracruz