En Veracruz se ha asentado una especie de paraíso para el feminicidio, así lo revelan las cifras dadas a conocer por diversas organizaciones civiles e integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de la Mujer que señalan que cada mes, ocho mujeres son asesinadas y    trece desaparecen sin dejar rastro. Tan sólo en los meses transcurridos de este 2015 en territorio estatal se contabilizan 93 mujeres y niñas víctimas de feminicidio.

Es claro que la legislación, así como las instituciones creadas para atajar el crecimiento de este tipo de delitos no han sido suficientes. El problema seguirá en ascenso mientras permanezca intocable esa cadena de complicidades que se anida en los escritorios que hay que recorrer para presentar denuncias por abuso y maltrato, lo mismo que en las finas oficinas de jueces y magistrados, que permiten que la aplicación de la justicia tenga un precio.

La responsabilidad del aparato judicial encargado de aplicar las reglamentación de la materia es también un factor determinante para que predomine la impunidad y cualquiera pueda burlar esos esfuerzos por detener la violencia contra mujeres y niñas.