Duarte 2

Jaime Ríos Otero
Sociedad 3.0

En una actitud insólita, el contador Gabriel Deantes Ramos, sectetario del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado manipula y retrasa la solución de un litigio laboral existente desde 2008 y envía el conflicto para que sea el gobernador Javier Duarte de Ochoa quien tenga que resolverlo y pagar casi 7 millones de pesos.

En un comunicado emitido por el Despacho Viades, Llanes y Asociados de esta capital, se explica que el contador público y maestro en Derecho Electoral Deantes Ramos, interfirió para evitar que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) liquidara el adeudo por salarios caídos a un trabajador que fue injustificadamente despedido desde el año 2008.

El despido fue ejecutado por el director Antonio Benítez Lucho, quien ejerció la titularidad de esa institución de enero de 2008 a enero de 2009.

Presentada la demanda y seguida la secuela procesal, finalmente en junio de 2015, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, dictó -forzada por el Poder Judicial Federal- un laudo en el juicio 418/III/2008-V, en contra de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

El trabajador solicitó por medio de sus abogados la ejecución de dicha resolución, que asciende a más de 6 millones de pesos.

El director general de CAEV, Francisco Valencia, expresó su disposición para finiquitar el adeudo con el trabajador y así dar por concluido el juicio.

Sin embargo, fue impedido por el secretario de Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, quien solicitó al organismo referido que no pagara y además vaciara sus cuentas bancarias para impedir un eventual embargo y luego pidiera una “prórroga” para pagar.

Esta prórroga, dicen los abogados, es inexistente en la ley laboral, la cual ordena el inmediato y eficaz cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El Despacho Viades solicita ahora a la Junta que, en términos de la Ley de Bienes del Estado, requiera al gobernador Javier Duarte de Ochoa que ordene la erogación correspondiente, pero anticipa una negativa de la Junta, por lo que ya prepara el correspondiente amparo a fin de que, como ha ocurrido en casos recientes, sea un juzgado federal el que le ordene al señor Duarte que pague, bajo advertencia de que si no lo hace, será destituido.

Por si lo anterior fuera poco, este retraso, que podría prolongarse por unos seis meses más, elevará el costo del juicio, el cual se incrementa diariamente a razón de 2 mil 153 pesos y 93 centavos, lo que significa que finalmente la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado acabará pagando, en vez de 6 millones y pico que iba a pagar CAEV, alrededor de 7 millones de pesos.

Los abogados postulantes deploran que la ignorancia del contador Deantes sobre temas de derecho arroje nuevamente la investidura del titular del Poder Ejecutivo de Veracruz al amago de destitución, pero también al escarnio de la opinión pública por una decisión tan inexperta.

Y recuerdan haberse opuesto a su designación como titular de una dependencia estrictamente jurídica sin tener preparación para ello.

Foto cortesía de:

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