Talaveradas
Por Rafael de la Garza Talavera
16 de noviembre de 2015

En otra ocasión se había comentado en este espacio acerca de la crisis política que se ha manifestado en el estado de Veracruz en los últimos meses. Provocada por la eminente sucesión en el gobierno del estado, la crisis se ha manifestado principalmente en el rompimiento de las tradicionales formalidades de la política institucional. La más evidente es la pugna abierta entre el gobernador y los aspirantes de su partido a sucederlo. Pero también en el aparente conflicto entre la burocracia universitaria y la gubernamental.

En la semana que termina hoy, los dimes y diretes entre la rectoría de la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado muestran un enfrentamiento que ha rebasado las tradicionales genuflexiones que la alta burocracia de la UV le ha rendido el poder político estatal. La manzana de la discordia tiene que ver con el dinero, que no con los proyectos educativos, sociales o políticos puestos en práctica en el estado. En éstos últimos no hay diferencias importantes; la burocracia universitaria ha acompañado y apoyado sin reservas las políticas públicas estatales, o cuando mucho, se ha limitado a cuestionarlos en lo oscurito.

Sin embargo, por lo que toca a las finanzas, la rectora ha marcado una ruta que tiene como finalidad mantenerla a ella y a su grupo al frente de la UV. Considera, y con razón, que la asfixia financiera puede erosionar la endeble legitimidad de su gestión y provocar un conflicto con académicos y trabajadores que, en última instancia, le costaría el puesto. Es por eso que no ha dudado plantear el problema de manera reiterada desde mediados de año. Fue así como primero, en agosto, solicitó a los diputados electos del estado de Veracruz su apoyo para que el gobierno del estado liquidara el adeudo con la UV; luego, durante un encendido discurso con motivo de su primer informe de labores, la rectora Ladrón de Guevara le puso número a la deuda: dos mil millones y cachito, provocando que el gobernador, con su estilo habitual declarara que su gobierno no le debía nada a la universidad. El mismo mes de septiembre, la Junta de Gobierno de la UV secundó a la rectora y solicitó públicamente los recursos adeudados. Frente a la negativa del gobierno del estado de reconocer el adeudo –ahora afirmando que los subsidios no son obligatorios- la rectora logró el apoyo del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, el cual reclamó el pago de la deuda sin medias tintas.

El conflicto se ha mantenido en una guerra de declaraciones, siendo la más reciente, el sumiso aporte del titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Adriano Fabre, quien declaró que lo que aporta la UV no alcanza para pagar a los maestros pensionados por lo que, según él, es la UV la que le debe al gobierno del estado. Semejante desfiguro provocó que el gobernador Duarte tuviera que declarar por twitter que la culpa de la crisis del sistema de pensiones del estado no es de nadie.

Lo anterior ha llamado la atención de tirios y troyano en el estado de Veracruz, al grado de que el senador José Yunes Zorrila ha decidido utilizar el conflicto -apoyando a la rectora- para fortalecer sus aspiraciones políticas, afirmando que el adeudo pone en riesgo la viabilidad de la educación universitaria en el estado. En este sentido, desde el Senado, el precandidato priísta a la gubernatura ha decidido gestionar para lograr que la UV reciba lo que le corresponde. Pero no es el único, pues el diputado Ahued también se ha subido al carro, sugiriendo la movilización de la comunidad universitaria para presionar al gobierno estatal.

En el fondo de todo este sainete político subyace el agotamiento de un modelo de educación superior y particularmente de su sistema de pensiones, lo cual no es privativo del estado de Veracruz. El paulatino desmantelamiento del estado de bienestar ha llegado a un punto en el que no sólo el sistema de pensiones sino también el servicio médico, la renovación de la planta académica, el mantenimiento de la infraestructura universitaria y la ampliación de la matrícula se encuentren en franco retroceso. Pero esto viene de lejos, de años de inmovilismo y sometimiento de la burocracia universitaria, de buena parte de la planta académica y de trabajadores administrativos para con el gobierno del estado. El resultado ha sido el rompimiento del sentido de comunidad al interior de la universidad, la cual ha respondido tibiamente a la convocatoria para juntar firmas en la plataforma de change.org para exigir el pago del adeudo, hecho por demás significativo de lo anterior. La desconfianza entre autoridades y trabajadores es mutua y es por eso que, a su vez, la rectora no se atreve a movilizar a la comunidad universitaria. Prefiera los canales institucionales, lo que demuestra en donde están los límites del conflicto..

Las consecuencias de dicha dinámica están a la vista y el quebranto financiero de la universidad forma parte de la quiebra de la finanzas del gobierno estatal, que se ha endeudado sistemáticamente por años sin mayor oposición por parte de la burocracia universitaria, la cual hasta ahora y después de haber gastado a manos llenas para mantener lujos y complicidades (baste recordar al equipo de básquetbol profesional Los Halcones), pone el grito en el cielo una vez que la lumbre le llega a los aparejos. Por eso el conflicto financiero de la universidad es un conflicto entre la burocracia estatal y la universitaria. No es, hasta el momento, un conflicto entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana con el gobierno estatal.

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