Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
24 de noviembre de 2015

A pesar de sus promesas por regularizar el pago de adeudos a acreedores y proveedores, lo cierto es que el gobierno de Veracruz continúa reteniendo dinero y perjudicando a quienes confiaron en la palabra de un régimen que ha resultado ser un auténtico estafador.

El pasado 1 de junio, se publicó en este mismo espacio que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa había provocado que por lo menos unos diez mil trabajadores de las secretarías de Salud y de Educación del estado fueran incorporados como clientes “morosos” en el Buró de Crédito, debido a que en ambas dependencias retuvieron pagos acumulados de sus trabajadores que fueron descontados de sus salarios por la contratación de créditos con la financiera Intermercado, a la cual nunca le fueron reportados ni liquidados.

En un desplegado dirigido al gobernador Javier Duarte de Ochoa, el director general de Intermercado, Carlos Gidi Blanchet, acusó al secretario de Salud Fernando Benítez Obeso, al oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz Vicente Benítez González, y a los sindicatos de ambos sectores como “responsables de perjudicar a miles de burócratas al desviar de manera ilegal sus pagos y utilizarlos para otros fines”, además de denunciar que ambas dependencias suspendieron “arbitrariamente y sin previo aviso el cobro vía nómina que se había pactado con las dependencias y trabajadores, afectando por consecuencia el plazo y condiciones establecidas para dichos préstamos”.

En aquel entonces, Gidi Blanchet solicitó a Javier Duarte “ordene a quien corresponda se proceda con las retenciones acordadas y aceptadas por los trabajadores del Sector Salud y educativo del estado de Veracruz, por concepto de adeudos”, y que “se ordene el pago inmediato de todas las retenciones que las secretarías de Salud y de Educación de Veracruz han realizado a sus trabajadores para pagar los adeudos contraídos con mi representada y que han sido ilegalmente desviados por las dependencias citadas”.

Casi seis meses después, estos reclamos permanecen olímpicamente ignorados, razón por la cual Gidi Blanchet, a través de la empresa GB PLUS SA de CV, propietaria de la marca Intermercado, emprendió acciones legales. En primer término, presentó una demanda de amparo “en contra de la omisión del Gobernador de contestar por qué no ha enterado a esta empresa el dinero que le descontó a los trabajadores”, cuyo juicio 1233/2015 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado está en espera de sentencia.

Adicionalmente, con el respaldo de la empresa y del corporativo jurídico Viades, Llanes y Asociados, los trabajadores defraudados que así lo han decidido promovieron procedimientos paraprocesales para requerir tanto a la Secretaría de Educación como a los Servicios de Salud de Veracruz que entreguen el dinero que les han descontado.

Asimismo, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, integrada en la Investigación Ministerial 224/2015, en contra de la Sección 56 del SNTE y en particular de su secretario general, Manuel Arellano Méndez, por el delito de abuso de confianza, ya que al igual que el gobierno estatal, “también decidió quedarse con ese dinero (descuentos vía nómina), que era de los trabajadores, destinado a cubrir sus adeudos”. 

“En este momento se encuentran en transcripción miles de expedientes de crédito que forman el cuerpo esencial de la demanda civil que en los próximos días se someterá a los tribunales competentes en contra de la misma entidad sindical, cuya deuda, incluyendo los daños y perjuicios por el adeudo y la omisión del cumplimiento del convenio citado, asciende a más de 105 millones de pesos”, refiere la empresa.

“Lamentamos que, hasta ahora, la única postura del Poder Ejecutivo sea la de evadir las respuestas que, constitucionalmente, está obligado a dar”, sentencian GB PLUS y el corporativo Viades, Llanes y Asociados.

El gobierno de Veracruz no se roba a sí mismo porque ya no le alcanza el dinero.

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