Sergio-Aguayo
Por Sergio Aguayo

 

5 de noviembre de 2015

A la memoria de Elena Urrutia, colega y amiga

 

Un minuto de video confirma el desamparo de las víctimas veracruzanas y el desdén y arrogancia de un Gobernador que, sabiéndose impune, intenta silenciar o intimidar a sus críticos.

Hace tres años desapareció en Orizaba, Veracruz, Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, tenía 21 años. Araceli, su madre, inició su búsqueda y así se transformó en activista que promueve el rastreo de quienes se desvanecieron. El 23 de octubre la madre jarocha interpeló al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Orizaba. Tras sus airados reclamos estaban tres años de peregrinar por oficinas civiles y militares, estatales y federales, que respondieron con excusas e indiferencia.

El periódico El Mundo de Orizaba filmó y difundió el hecho que también fue su nota principal del 24 y el 25 de octubre. Durante ese minuto la madre persigue a un Gobernador que la ignora y evita verla de frente. Jamás se detiene. Camina zigzagueando para sacarle la vuelta y abraza a uno y a otro para tener algo que hacer sin que en ningún momento lo abandone la sonrisa socarrona, desdeñosa y nerviosa. El minuto captura el medio siglo que lleva el Estado negando y desatendiendo las tragedias de las y los desaparecidos.

Javier Duarte tiene fama de intolerante y rencoroso pero necesita quienes materialicen sus impulsos primarios. Dos días después de la interpelación el diario El Buen Tono, de Orizaba, se lanzó contra la hija, la madre y el periódico. Su primera plana pregonaba “Rubí, ligada a Los Zetas”, para luego asegurar que estaba ligada “con la delincuencia organizada” y que las exigencias hechas por la madre fueron “mandada(s) por los adversarios políticos” del Gobernador. En la misma edición acusa a El Mundo de haber orquestado el incidente porque había dejado de recibir “tres y medio millones que cada mes cobraba por manejar ‘de manera amable’ las notas de la Administración duartista”.

El hecho tuvo una gran difusión y el Gobierno veracruzano reaccionó con tuits, ruedas de prensa y tarascadas que incluso alcanzaron a los indignados de otras entidades. El lunes 26 de octubre difundí por redes sociales el video y califiqué a Duarte de “cínico”. El mensaje tuvo impacto en el ciberespacio y el martes 27 El Dictamen de Veracruz me avisó que ya no publicaría mi columna después de 18 años de respetuosa relación. Invocaron razones económicas pero guardaron silencio cuando les pregunté si el Gobierno de Veracruz tuvo alguna injerencia en su decisión.

Luego vino la difamación. El viernes 30 de octubre Francisco Rodríguez difundió un largo texto en el portal Índice Político. Tiene derecho a opinar que soy un “rufián”, un “mafioso” y un “infame”, pero abusa de la libertad de expresión cuando asegura que cobré “¡250 millones de pesos del presupuesto público!” por digitalizar el Archivo General de la Nación (AGN). Cita a “testigos presenciales” que vieron a mis “discípulos y cómplices” contar durante “varios días” y “con una emoción desaforada”, el “dinero” en “el piso” y en “los escritorios de Lecumberri (sede del AGN)”. Sólo le faltó decir que ellos iban encapuchados y ellas presumían de antifaces de Gatúbela. Cuento con indicios para proponer una hipótesis de trabajo: Francisco Rodríguez es empleado de, o es utilizado por el Gobierno de Veracruz para aplacar con mentiras a uno de sus críticos.

Mis contratiempos son baladíes cuando se comparan con el infierno que viven cotidianamente los periodistas jarochos independientes: “Veracruz continúa (siendo) una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo” (Artículo 19,  junio de 2015); “en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre de 2015); Veracruz es uno de los “estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, octubre de 2015).

En Veracruz atacan a periodistas y defensores de los derechos humanos porque sus gobernadores son arrullados por el PRI y el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El Presidente acaba de nombrar al impresentable Fidel Herrera como cónsul en Barcelona, y Javier Duarte ha hecho lo que le ha dado la gana con Veracruz. Me dicen que el peñanietismo considera la situación jarocha insostenible y que intentarán ponerle trancas al Gobernador intolerante. ¿Lo harán? ¿Les hará caso? Y lo más importante, ¿lo harán que rinda cuentas?

Colaboró Maura Álvarez Roldán.

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