Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concediera el amparo para que cuatro personas puedan cultivar mariguana para su auto consumo, resulta sintomático que desde la presidencia de la república se estén precisando los alcances de esta resolución: qué fue lo que sí se aprobó y qué es lo que continúa prohibido, ha sido el tono de las opiniones insistentes del presidente Peña Nieto, del vocero presidencial y hasta de la secretaria de salud Mercedes Juan, quienes han insistido en los acotamientos que conlleva esta resolución del máximo tribunal del país.

Lo que es un hecho es que el poder ejecutivo le sigue quedando a deber al país, pues con la aplicación de medidas de fuerza en el combate a las drogas sólo se ha involucrado a la población en hechos de violencia, Peña Nieto debería de admitir que en su guerra contra los carteles de las drogas no se ha logrado o no se ha querido detener el creciente lavado de dinero producto de la venta de estupefacientes.

Al igual que el consumo, el “blanqueado” de fortunas ilícitas ha logrado penetrar todas las capas sociales, incluso parte de la actividad económica, el aparato judicial y hasta la política.