Para el gobierno federal la evaluación del desempeño magisterial es todo un éxito, incluso el secretario de educación, Aurelio Nuño describe en su balance de esta etapa de la reforma  a maestros desbordados por ser evaluados y por apoyar la llamada reforma educativa propuesta por el gobierno federal. Aunque hasta ahora no hay indicios de lo que podría mejorar la educación a partir de este proceso.

Sin embargo, es indiscutible que este proceso ha tenido un costo muy elevado, no sólo por que se ha recurrido al uso de la fuerza pública para imponer la decisión gubernamental; el costo social de imponer la reforma se percibe desde el rol asumido por autoridad educativa que exhibe un afán persecutorio contra el magisterio quiera o no quiera evaluarse, mientras que el estado se autoasigna un papel de guía moral, estigmatizando al docente y devaluando su función como agente de transformación social.