Ante la posibilidad real de perder el gobierno y el control del congreso del estado, en el PRI-gobierno no sólo se prepara una batalla electoral, también se toman precauciones para cubrir la retirada y se construye un andamiaje que resista cualquier circunstancia que se presenté en lo que se refiere a la rendición de cuentas, por eso se ha puesto en marcha una especie de blindaje para cuando este gobierno deje el control de la instancias judiciales y políticas.

Al menos esa parece ser la apuesta con el impulso a una Ley anticorrupción en Veracruz que deja intacta la labor del fiscal del estado que tiene asegurada su permanencia más allá de este sexenio y quién sería el encargado de administrar todo tipo de averiguaciones en contra de sus compañeros de gabinete que concluyen sus funciones y queden sin protección aquellos se han involucrado en el ejercicio indebido de sus funciones y en el manejo irregular de fondos públicos.