Desde hace meses la falta de liquidez del gobierno estatal mantiene en zozobra a miles de pensionados afiliados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) a quienes se les impide alcanzar los beneficios de sus aportaciones realizadas cuando estuvieron como trabajadores en activo. Esta situación ha detonado que los reclamos de los jubilados se generalicen y las protestas en demanda del pago de sus pensiones se multipliquen en las principales ciudades del estado.

La toma de instalaciones, el bloqueo de calles y sobre todo la exposición a los riesgos que implica la protesta social para mujeres y hombres de edad avanzada podrían evitarse si en el actual gobierno no predominara una visión inhumana del servicio público, por supuesto, esas y otras protestas sociales no tendrían razón si el destino de las finanzas públicas no fuera la promoción política del grupo íntimo del ejecutivo estatal que derrocha a manos llenas en sus anticipadas campañas distritales.