Julio
Julio Hernández López.
Por Julio Hernández López
Columna Astillero
La Jornada

 

Veracruz: opacidad, insensibilidad y maltrato

Javier Duarte de Ochoa hizo ayer un esfuerzo especial para ganarse el disputado título de peor gobernador del país. Incluso con instrumentos suministradores de toques eléctricos fueron desalojados los ex empleados veracruzanos a los que a un día de la Nochebuena aún no pagaban aguinaldos y pensiones y por ello estaban en protesta pública. De la embestida policiaca quedaron imágenes aberrantes, probatorias del desquiciamiento de criterio que se vive en la cúpula política de aquella entidad federativa, ancianos que deberían tener un trato preferente en la atención de los gobiernos, ahora eran golpeados, empujados con toletes, sometidos por policías que en su momento sufrirán peor suerte asistencial que las personas de la tercera edad a las que ayer desalojaron por orden superior.

El caso de Veracruz es extremo, pero no único. Duarte de Ochoa ha llevado a la entidad a niveles caóticos, gravemente mermadas las arcas públicas por la corrupción desaforada, el despilfarro ostentoso y el saqueo sistemático para uso de dinero en efectivo para promociones electorales en el propio estado y a nivel federal. Pero en otras latitudes se viven desgracias parecidas, pues la mayoría de los gobiernos estatales se han endeudado de manera escandalosa e irresponsable, con el fin de cubrir huecos y pillerías correspondientes a los antecesores y, además, para hacer negocios propios con cargo a las administraciones venideras.

Ese cierre duartista a garrote batiente es una estampa adelantada de lo que espera el año en puerta a los millones de mexicanos cuyas cuentas de retiro y fórmulas de jubilación han sido gravemente afectadas por un sistema que tramposamente echa mano de ese dinero de trabajadores. Conforme a lo que la clase política ha ido tejiendo, 2016 será un año de mucha tensión entre grupos sociales en demanda de atención y respuesta a casos que no tendrán disponibilidad presupuestal y ante los cuales los gobiernos sólo tendrán como contestación el uso de la fuerza pública.

Editorial de La Jornada

La Jornada, asegura en su Editorial, que: “ayer, en la capital veracruzana, un grupo de pensionados y jubilados que bloqueaba la calle Enríquez fue desalojado con violencia por agentes de la policía estatal, los cuales emplearon armas eléctricas y toletes en contra de adultos de la tercera edad que se manifestaban exigiendo el pago de sus pensiones y aguinaldos atrasados […]. El telón de fondo de este hecho repudiable es la crisis por la que atraviesa la institución mencionada […] debido al manejo opaco y discrecional de los recursos […]. A estas prácticas injustificables se agregan la insensibilidad ante la situación de los jubilados, la agresión policial y la mendacidad de las autoridades estatales […]. Por otra parte, los hechos de ayer en Xalapa constituyen otra vuelta de tuerca en la circunstancia en la que se encuentra el estado de Veracruz, entrampado en una situación alarmante en materia de derechos humanos, violencia desbordada, impunidad y agresiones del poder público a informadores, opositores y población en general. Tal circunstancia no es, por desgracia, exclusiva de esa entidad costera, sino expresión extrema de los poderes públicos locales ejercidos sin contrapesos, limitaciones ni mecanismos de fiscalización. Es conocido de antaño que los Gobernadores suelen gozar de atribuciones casi absolutas […]. En el caso de los jubilados que sufrieron ayer la agresión policial de la misma autoridad que les adeuda pensiones y aguinaldos, resulta imperativo establecer las responsabilidades legales de autores intelectuales y materiales del atropello. Es exigible, asimismo, que el gobierno veracruzano emprenda un viraje en sus estilos indeseables de ejercer el poder y que tienen a la población de la entidad en una indignante vulnerabilidad ante la inseguridad, la violencia y los abusos de servidores públicos. En un sentido más amplio, es también necesario reflexionar sobre la necesidad de un rediseño institucional de las entidades federativas, a fin de que transiten de una vez por todas de la condición de feudos sexenales a la de elementos constitutivos de un orden nacional verdaderamente republicano, legal y democrático”.