Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
03 de diciembre de 2015

Sin el menor pudor ni vergüenza, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anda en campaña en favor del dirigente estatal del PRI, Alberto Silva Ramos, para que sea el candidato de ese partido a sucederlo.

Duarte de Ochoa se hace acompañar por Silva Ramos a cuanto evento público le es posible, aprovechando que, sin ética política –ni la conoce– su “favorito” aprovecha su condición de diputado federal para darle la vuelta a su calidad de dirigente partidista y participar en actos gubernamentales y políticos, en los que busca desesperadamente que le tomen fotos con actores políticos nacionales para mandar supuestas “señales” de bendición y beneplácito a sus aspiraciones.

Incluso, jugando en el filo de la ley, Javier Duarte se hace el aparecido en reuniones de Alberto Silva, en horario laboral, para brindarle abiertamente su apoyo rumbo a la nominación priista y deslizar entre sus periodistas “aliados” la versión de que el presidente Enrique Peña Nieto dejó en sus manos la decisión sobre quién será el abanderado del tricolor en la elección de gobernador de 2016. Como si Veracruz representara electoralmente lo mismo que un estado como Tlaxcala, para que en el Altiplano se desentendieran de una decisión de esa magnitud.

El colmo es que desde su cuenta oficial de Twitter, el gobernador de Veracruz comparte videos de Silva Ramos denostando, de manera vulgar, a sus adversarios políticos, denigrando aún más la calidad del debate y el intercambio público en la entidad, con el proceso electoral ya en marcha.

Sin duda, Javier Duarte de Ochoa, personalmente, está en todo su derecho de tener preferencias políticas y de apoyar a quien quiera para ser candidato del partido del cual es militante. Eso no está a discusión ni tendría por qué impedírsele bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, el apoyo que se brinda a uno solo de los aspirantes a la nominación priista no es el de un militante más, sino el de todo el aparato de Estado, el del gobierno estatal mismo. Lo cual no sólo es inequitativo. También raya en lo ilegal. Y de moral, ni hablamos. Para ellos eso es, como reza aquella frase tristemente célebre del cacique post revolucionario Gonzalo N. Santos, “un árbol que da moras y sirve para una chingada”.

Javier Duarte de Ochoa ha puesto al servicio de Alberto Silva Ramos la investidura de gobernador y hasta a las leyes del estado, las cuales ha torcido para favorecer a quien desea, por sobre todas las cosas, que sea su delfín.

Al grupo gobernante le aterra que pueda llegar a la gubernatura alguien que no sea cómplice de las corruptelas que han distinguido la oncena trágica del duartismo-fidelismo, no importando si éste es priista, panista o del color político que sea.

Por eso la desesperación para tratar de imponer como candidato y después como gobernador, a cualquier costo, a un político sin trayectoria, merecimientos ni escrúpulos como Alberto Silva, quien demostró ser pésimo administrador a su paso por la presidencia municipal de Tuxpan, que mantiene nexos con personajes de muy dudosa reputación y que representaría la continuidad, pero sobre todo la impunidad, para la gavilla política a la cual pertenece y que ha saqueado al estado de Veracruz.

Lo más grave es que para la promoción política de este personaje se disponga de recursos públicos, amén de la afrenta que para los militantes priistas –los que no son “agachones”– significa que se les obligue a apoyar, a la fuerza, a este individuo.

Con su comportamiento, Javier Duarte denigra su investidura como gobernador constitucional de Veracruz y echa por tierra la autoridad que tendría como jefe político de su partido en el estado.

Lo cual, evidentemente, le tiene sin cuidado.

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