Economía y sociedad
Por Hilario Barcelata
29 de diciembre  de 2015

El Secretario de Gobierno de Veracruz Flavino Ríos ordenó un acto de represión al haber enviado el 23 de diciembre pasado a la fuerza (bruta) pública para disolver la manifestación de los pensionados y jubilados que reclamaban, con justicia, el pago de sus pensiones que el gobierno incumple de manera sistemática desde hace más de un año.

La orden de Flavino Ríos de “replegar” la manifestación constituye un verdadero acto de Represión porque la agresión física a los pensionados y jubilados representa una clara violación a los principios de congruencia, proporcionalidad, oportunidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad que deben observarse al hacer uso de fuerza pública, según el artículo 37º de la “Ley del Sistema estatal de seguridad pública de Veracruz”. Ninguno de estos principios se respetó: la fuerza pública se usó con exceso y eso se llama “represión” que se define como acto, o conjunto de actos ilegales realizados por la autoridad para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales y sus conceptos opuestos son los de libertad y la tolerancia.

Efectivamente se puede hablar de represión por las razones siguientes:

El uso de la fuerza pública no respetó el principio de “congruencia” porque según la ley, esto significa idoneidad del medio a emplear, es decir utilizarla cuando sea estrictamente necesario e inevitable. En este caso el medio idóneo era el cumplimiento del compromiso legal que tiene el gobierno de hacer el pago puntual de las pensiones, además del cumplimiento del acuerdo de pago que se comprometió a realizar al firmar una minuta en la manifestación del 10 de diciembre, según la cual los pagos  se harían del 14 al 23 de diciembre. El gobierno de Veracruz no cumplió y el Secretario de gobierno prefirió acallar a macanazos a quienes exigían el cumplimiento.

El uso de la fuerza pública no respetó el principio de “proporcionalidad” que de acuerdo con la ley supone que la intervención debe ser de igual dimensión e intensidad al objeto legítimo que se busca y ¿los pensionados iban armados? o ¿son expertos en artes marciales? O ¿de qué modo su presencia en una manifestación constituyó una agresión proporcional a la embestida que recibieron? ¿Por qué iban armados los policías si se trataba sólo de “replegar” a personas de la tercera edad que por su condición física y moral difícilmente podrían oponer una resistencia tal que requiriera que la policía portara armas capaces de causar daño físico?. Es obvio que fue desproporcionado el uso de la fuerza pública contra un grupo de personas que indiscutiblemente se encontraban en situación cuantitativa y cualitativa inferior. El Secretario de gobierno de Veracruz tiene una extraña aritmética para medir la proporcionalidad.

El uso de la fuerza pública no respetó el principio de “oportunidad” porque esto significa que la intervención debe ser necesaria para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual. ¿Cuál era esa amenaza tan grande que representaba la manifestación de personas de la tercera edad? ¿interrumpir el tránsito de la ciudad? ¿y cuantas manifestaciones lo hacen a diario en Xalapa y no se les ha dado este mismo trato? Tal vez el Secretario de Gobierno considera que evitar el caos vial en Xalapa, bien vale la pena un “oportuno” garrotazo a personas de más de sesenta años debilitados e indefensos por su edad y condición de salud y que lo único que reclaman es que les paguen “oportunamente” sus pensiones.

El uso de la fuerza pública no respetó el principio de “racionalidad” que la ley define como la congruencia entre el medio empleado y el fin buscado. Al valorar que el objetivo que se perseguía es la exigencia del cumplimiento de una obligación legal del gobierno de Veracruz, el Secretario de gobierno se enfrentó a una disyuntiva para disolver la manifestación : a) efectuar el pago de las pensiones de manera inmediata, b) tundir a macanazos a los abuelitos manifestantes. Ya sabemos cuál fue su elección, lo que deja en evidencia que la racionalidad del Secretario de Gobierno, es retorcidamente irracional.

El uso de la fuerza pública no respetó el principio de “excepcionalidad” que supone que deben agotarse todos los medios disuasivos antes de utilizar la fuerza pública y el de “progresividad” que según la ley implica que al agotarse los medios disuasivos se puede utilizar la fuerza pública en orden progresivo, de menor a mayor intensidad. Es necesario preguntarle al Secretario de Gobierno lo siguiente: ¿se agotaron todos los medios disuasivos antes de optar por la represión? Por ejemplo, ¿se intentó disuadir a los pensionados mediante el cumplimiento del pago de las pensiones reclamadas, antes de sacar a la policía a “replegarlos”? ¿No se le ocurrió que si les pagaban a lo mejor disolverían la manifestación? O ¿Es que acaso existía la sospecha de que aunque les pagaran iban a seguir ahí y por eso era mejor optar por el garrote?. Excepcionalmente” hubiera valido la pena que el Secretario de Gobierno hubiera intentado disuadirlos mediante el pago de sus pensiones, aunque fuera por pura curiosidad para ver que hacían. Por lo que se vio la disuasión es un concepto bastante primitivo, pedestre y limitado en el razonamiento de quien ordenó la represión.

El uso de la fuerza pública no respetó tampoco lo señalado en el artículo 28º de la misma ley que obliga a la autoridad a otorgar un trato respetuoso a todas las personas y abstenerse de actos arbitrarios que limiten indebidamente las manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico. La policía agredió con sus armas a los manifestantes, insultó y amenazó. Ahí están los cientos de fotos y videos, por si tiene dudas el Secretario de gobierno, porque parece que le platicaron una historia diferente.

El uso de la fuerza pública impidió el derecho a la manifestación de manera brutal e indebida. Una manifestación plenamente justiciada debido a la enorme omisión del gobierno al no pagar las pensiones. Una manifestación de personas de la tercera edad, disminuidos físicamente por su edad y sus enfermedades. Una manifestación que para disolverla el gobierno tenía una solución fácil y práctica: realizar el pago inmediato de las pensiones. Con ello la protesta hubiera quedado sin fundamento y todos se hubieran ido a sus casas. Una manifestación contra la que se actuó de una manera inusual ya que muy pocas veces el gobierno manda a la fuerza pública para disolver las miles de manifestaciones que hay en la ciudad. En este caso resulta insólito que lo haga tratándose de un grupo social incapaz de ofrecer una amenaza a la paz pública o la seguridad de los demás ciudadanos.

El gobierno actuó de una manera irracional, ilógica e incomprensible… aparentemente. En realidad es posible que todo sea parte de un plan que ya empezó a salir mal. Esto será tema de la próxima colaboración.

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