La difícil situación por la que atraviesan las finanzas públicas en la entidad está obligando al gobierno del estado a adoptar medidas desesperadas que más que resolver complica aún más el panorama. Eso de legislar para que los municipios morosos en el pago de sus aportaciones al IPE merezcan la retención de sus participaciones federales constituye un acto de autoridad que afecta la implementación de los programas municipales. Revela también un abuso desmedido del sometimiento del Poder Legislativo en un vano intento por resolver los desajustes administrativos del Poder Ejecutivo.