Los gobiernos estatales cuentan con medidas de subterfugio para hacer obra pública a cambio de deuda que no tienen que autorizar los Congresos: contratación de obra pública y diferir los pagos a empresarios. Este procedimiento es permisible pues se avanza en la construcción de infraestructura; pero en el caso particular de Veracruz, en donde se ha abusado de la disposición de los contratistas, la deuda con ellos ha sobrepasado la capacidad de pago y ahora el propio gobierno está entrampado para jerarquizar adeudos. No es muy claro este panorama en tiempos en que casi todos cobran pero no todos pagan.