wpid-2010-03-13_madridxbaz_3_.jpgRedacción- 2015-12-2811:03:07- Ejidatarios de Tila adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona acusaron al presidente municipal Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de reactivar “para su servicio” el grupo paramilitar Paz y Justicia, por la ambición de controlar a los habitantes de esa población chol.

En un comunicado, el presidente del comisariado y el consejo de vigilancia del ejido de Tila responsabilizaron a Mateo Rey, de la comunidad de Cruz Palenque; a Mateo Guzmán, de Agua Fría, y a Don Pascual, de El Limar, de incentivar las actividades del grupo armado.

A Paz y Justicia se le imputa, entre 1995 y 2000, la muerte o desaparición de 122 indígenas en el norte de Chiapas y el desplazamiento de más de 4 mil indígenas choles y tzetzales en esa región.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante de los familiares de las víctimas, afirmó que la acción del grupo paramilitar respondió a la guerra de baja intensidad del Ejército contra la insurgencia zapatista.

En noviembre de 1997, miembros de Paz y Justicia emboscaron a una caravana pastoral integrada por el entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García; el obispo coadjutor, Raúl Vera, dos catequistas y el mayordomo del santuario del Señor de Tila, Manuel Pérez. Ruiz García y Vera López resultaron ilesos, mientras los otros tres fueron heridos.

“Hasta la fecha se han mantenido impunes y quieren nuevamente imponer al presidente (municipal) a sangre y fuego; estas gentes viven de nuestros impuestos, son aviadores que cobran sin trabajar y por eso es que en las comunidades no se concluyen las obras que prometen los políticos, porque parte del dinero sirve para mantener a estos sinvergüenzas”, expusieron las autoridades ejidales de Tila.

La Jornada / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
Con información de La Jornada