Juan José

 

Sociedad 3.0

 

Para el jurista Juan José Llanes Gil del Ángel la evidente desventaja económica y física en que se encuentran los jubilados y pensionados, que los hace vulnerables debido a su avanzada edad y a su pobreza, convierte la irresponsabilidad del Gobierno del Estado, al no pagarles sus prestaciones, en un crimen de lesa humanidad porque expone sus vidas, al no tener ellos dinero para sus alimentos y medicinas.

El abogado sustenta su reflexión jurídica en jurisprudencia del Poder Judicial Federal, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  en el Protocolo de San Salvador y en el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional.

Refiere que la jurisprudencia por reiteración de criterios, emanada del Primer Circuito del Poder Judicial Federal, aparecida bajo el rubro: rubro “Suplencia de la queja deficiente en el amparo. Opera en favor de jubilados y pensionados, conforme al marco de derechos humanos previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal y al artículo 79, fracción VII, de la ley de la materia, vigente a partir del 3 de abril de 2013”, considera que los jubilados y pensionados se encuentran en “evidente desventaja económica y física” para poder defenderse.

Por su parte –menciona Llanes- la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Por otro lado –explica- el Protocolo de San Salvador precisa en su artículo 9.1 que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa…”

Con estos antecedentes, explica el jurista, se puede enmarcar dentro del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 7o define los “Crímenes Lesa Humanidad”, y entre éstos (inciso b), el “Exterminio”, entendido como “la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

Finaliza al reflexionar que la decisión del Gobierno del Estado de Veracruz de retrasar indebidamente el pago de las pensiones a jubilados y pensionados, incide directamente en su nivel de vida, porque debe entenderse que la pensión es el medio por el cual ellos satisfacen sus necesidades primordiales: alimentación, salud, vivienda, vestido, etcétera. En muchos casos la satisfacción de tales necesidades no puede postergarse sin que se ponga en riesgo la vida de los propios jubilados y pensionados.

Así es que concluye que si el Gobierno de Veracruz impone (a través de una conducta injustificable: el retraso en el pago de una pensión) la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, este retraso puede traer aparejada la destrucción de parte de un sector de la población (los jubilados y pensionados), por lo que “creo que estamos en presencia de actos de Estado que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, se equiparan al exterminio”

“Por ende, y con base en lo anterior, concluyo: la decisión del Gobierno de Veracruz de no pagar a tiempo su pensión a los pensionados y jubilados, es un crimen lesa humanidad”.