Luis Daniel Lagunes Marín*
09 de diciembre de  2015

Dentro del argot policial existe algo a lo que se le llama “madrina”, usado comúnmente por la policía judicial, se le nombra así a un civil aliado que durante un interrogatorio se ocupa de golpear al acusado, buscando información o una confesión.  Esta práctica común, una forma de tortura, le sirve a las fuerzas del orden para no ser ellos los inculpados en la sistemática violación a los derechos humanos, aun cuando estén cometiendo un delito por aquiescencia. Esta es la lógica base del paramilitarismo.

El uso de paramilitares ha sido una práctica lamentable y común en la historia latinoamericana, México no ha sido la excepción: grupos como los Halcones durante la matanza de estudiantes en el 71 y los que hasta el día de hoy operan en Chiapas hostigando a las comunidades de base Zapatistas. Todos estos han operado bajo el consentimiento y en coordinación con los gobiernos estatales y/o el federal, quienes buscan desarticular la organización social. Entre la gente siempre existe el conocimiento de la colusión de los paramilitares con los gobiernos, sin embargo estos últimos lo niegan y es complicado comprobar jurídicamente la relación entre ambos, más si los órganos de justicia están en sus manos.

En Veracruz han sido reiteradas las acusaciones de uso de policías vestidos de civiles, o de agrupaciones paralelas a la policía para reprimir movimientos sociales y amedrentar o perseguir a la prensa crítica. Para ejemplificar, existen dos casos muy cercanos en tiempo y que fueron escándalo nacional; en primer lugar la golpiza propinada a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana el vienes cinco de junio en la madrugada, donde 10 personas encapuchadas, con chalecos policiales, portando armas largas, bates y cuchillos, entraron al cuarto donde estaban reunidos los estudiantes y durante varios minutos los hirieron y amenazaron. Quijadas rotas, un machetazo a media cara y varias fracturas, fueron el resultado de la agresión, sin embargo la policía tardó demasiado en llegar y se retiró cuando recibió órdenes desde un automóvil Pontiac blanco, sin avisar a otras corporaciones policiacas ni auxiliar a los heridos. El diario Milenio, con base en declaraciones del fiscal Luis Ángel Bravo, aventura que los estudiantes pueden estar relacionados con una manifestación y destrozos a un módulo del INE el 1 de junio, lo cual refuerza la idea de un “ajusticiamiento” parapolicial.

El otro caso es el del reportero Rubén Espinosa, asesinado en la colonia Narvarte meses atrás. Más allá de la falta de certeza de la investigación para encontrar al asesino y determinar el móvil, necesitamos ir un poco atrás y recordar el contexto de su salida de Veracruz. Rubén dio cobertura a la golpiza que propinaron policías estatales a profesores para desalojarlos de plaza Lerdo días antes del festejo del grito de independencia en 2013, tomó una o dos fotografías a Javier Duarte que fueron portada de la revista Proceso y era cercano con algunos de los movimientos sociales a los que cubría. Posterior al cinco de junio de 2015, día de la golpiza a estudiantes, Rubén empieza a ser perseguido y amedrentado por personas con perfil policial, esperado fuera de su casa, fotografiado y seguido en sus espacios laborales. Rubén es desplazado interno, tiene que huir al Distrito Federal y es encontrado sin vida el 31 de julio de este mismo año.

¿Por qué traer a colación el tema en este momento?, los días 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo un primer episodio de la evaluación docente en Xalapa y Veracruz, ante la anunciada movilización social se alistaron las distintas corporaciones policiacas para asegurar que el examen pudiera aplicarse. Sin embargo, lo que dio la nota fueron grupos de civiles con pantalón de mezclilla y gorra, que golpearon a profesores opositores a la evaluación justo afuera de los lugares de aplicación, rompiendo la cadena humana que impedía el paso a los maestros que si la presentarían. Aún con una fuerte presencia, la policía fue omisa en detener a los agresores y aún con las redes sociales llenas de fotografías y videos, no han sido capaces de detener a uno solo. Paralelamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública recogieron cámaras y teléfonos a periodistas que grabaron algunas agresiones, haciendo aún más evidente la colusión y coordinación entre policías y parapolicías.

Esta manera de actuar ante la mirada pública, a plena luz del día y ante la cobertura de medios estatales y nacionales, hace patente el grado de cinismo con el que se conduce Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz; al mismo tiempo la evidencia en su actuar y da la razón a quienes la han señalado de crímenes contra organizaciones y prensa. Ante esta situación nuestra exigencia sigue siendo la misma de hace meses: la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita.

*Coordinador Estatal de las Juventudes de Izquierda / Secretario Estatal de Jóvenes PRD