Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
28 de abril de 2016

Para Regina

A cuatro años de impunidad

 

Una de las cantaletas más socorridas por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa para evadir su responsabilidad en la degradación de las libertades civiles y constitucionales que se ha sufrido durante su sexenio en el estado, es culpar a los demás de todo lo malo que suceda en Veracruz.

El gremio periodístico, lastimado severamente durante los últimos años por la violencia asesina propiciada o al menos tolerada por el gobierno estatal, ha sido uno de sus blancos favoritos para la desacreditación, vinculando invariablemente a los reporteros agredidos y asesinados con actividades y grupos delictivos.

La ignominiosa frase “pórtense bien”, y la advertencia de la caída de las “manzanas podridas” del periodismo, proferidas el año pasado por el gobernador Javier Duarte, son parte del alegato del régimen para justificar los ataques a la libertad de expresión y a los trabajadores de la información en Veracruz, sin que su administración mueva un dedo para garantizar el libre ejercicio periodístico en la entidad.

Y como para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, se ha buscado “aliados” en los medios para que difundan -previo financiamiento- los infundios oficiales, que todos los reporteros ultimados tenían nexos con criminales.

Del ex reportero de Proceso Ricardo Ravelo Galo, al dueño del diario cordobés El Buen Tono, José Abella García -recientemente exhibido públicamente por despedir injustificadamente empleados, evadir impuestos y hasta “piratearse” material de otros medios de comunicación-, se han prestado a la estrategia de difamación de las víctimas de la violencia contra los periodistas.

Sin el menor rubor, el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras -¿ex? empleado y principal proveedor de filtraciones de expedientes judiciales para Abella-, se ha colocado al frente de la estrategia para lanzar lodo sobre los comunicadores a partir, según sus propios dichos, de rumores. O más bien, de mentiras descaradas.

Porque en las instancias encargadas de procurar justicia, a nivel estatal y federal, no existe una sola prueba, un solo indicio, que vincule a los periodistas asesinados durante el sexenio de Javier Duarte con el crimen organizado, contrario a lo afirmado por el gobernador, su fiscal y sus amanuenses.

A través de una solicitud de transparencia, la revista etcétera pidió a la Fiscalía General del Estado una lista con los nombres de los periodistas que han sido vinculados con la delincuencia organizada entre 2010 y 2016. La respuesta, previsible, es que no cuentan con esa información ya que “los hechos probablemente constitutivos de delitos en relación con delincuencia organizada, son competencia exclusiva de la Federación a través de la Procuraduría General de la República”. (http://www.etcetera.com.mx/articulo/Fiscal%C3%ADadeVeracruznotienedatosdeperiodistasvinculadosconelnarco%3Benmediosdiceques%C3%AD/43980)

Así que etcétera acudió a la PGR e hizo la misma solicitud de información, vía la Ley de Transparencia, misma que fue puesta bajo el folio 0001700040716. La respuesta fue prácticamente la misma: “no se tienen datos afines a un listado o número de averiguaciones previas entre el 2000 al 2016 donde obren reporteros, periodistas, comunicadores o similar donde se les vincule a delincuencia organizada”, contestó la PGR. (http://www.etcetera.com.mx/articulo/PGR+no+cuenta+con+informaci%C3%B3n+que+vincule+a+periodistas+con+la+delincuencia+organizada/45090)

¿Y los bramidos de José Abella diciendo que todos los reporteros veracruzanos están “coludidos” con el narco? ¿Y la supuesta lista de 20 narco-reporteros que según Ricardo Ravelo le entregó la Sedena a Javier Duarte? ¿Y las manzanas podridas del gobernador?

Mismos parlamentos, mismos bufones, de una misma farsa.

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