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Sociedad 3.0

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia en estos momentos una queja contra el Estado Mexicano por violaciones cometidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 6 ayuntamientos del Estado de Veracruz, así como dos jueces federales, contra los derechos humanos de trabajadores que han sido favorecidos por laudos resarcitorios, pero que permanecen sin cumplir por la simple lenidad de esas autoridades.

La petición fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, D.C., y recibida el 14 de marzo, y está en fase de “admisibilidad”, por lo que si dicha instancia de la Organización de Estados Americanos la admite y le da  trámite, solicitará al Estado mexicano que explique las razones por las cuales los fallos judiciales no son acatados por el propio gobierno del Estado de Veracruz en sus distintos órdenes y entidades.

En un comunicado, el despacho Viades, Llanes y Asociados informa lo anterior, a la vez que precisa que los ayuntamientos señalados en la petición son los de Acayucan, Benito Juárez, Actopan, Martínez de la Torre, Tantoyuca y Banderilla; y los jueces federales de Distrito son uno del Séptimo Circuito, y otro del Noveno.

Si la Comisión considera válidos los argumentos demandará al Gobierno de México las explicaciones necesarias, por lo que el Poder Ejecutivo Federal será el que tenga que responder sobre la razón de tales violaciones.

Por cierto que este jueves el Presidente de la República visita la Entidad. Estaba programado que encabezara el abanderamiento del buque oceanográfico que descubrió el Titanic, el acto de la defensa de Veracruz, y otro acto en el WTC, los cuales fueron cancelados. Sólo asistirá a la graduación de los cadetes en la Escuela Naval y pondrá la nueva placa del colegio, que ya será universidad.

COMUNICADO ÍNTEGRO EMITIDO POR EL DESPACHO

“VIADES, LLANES Y ASOCIADOS”.

COMUNICADO

POR OMISIONES DEL GOBIERNO DE VERACRUZ, SOLICITAMOS LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Nuestro corporativo jurídico determinó presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, D.C., una petición (equivalente a lo que en las instancias mexicanas se conoce como “queja”), en contra del Estado mexicano (parte integrante de la Organización de Estados Americanos), ante lo que consideramos configura violaciones a Derechos Humanos cometidas en contra de trabajadores de Veracruz.

En concreto, estimamos que el Estado mexicano es responsable de violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos suscritos por México y ratificados por el Senado de la República.

Los Derechos Humanos contenidos en tales instrumentos, han sido violados en perjuicio de trabajadores que han prestado o prestan servicios en diversos ayuntamientos veracruzanos: doce de Acayucan; tres de Banderilla; cuarenta y seis del municipio de Benito Juárez (en su mayoría, de extracción indígena); trece de Tantoyuca; uno de Actopan; dos de Martínez de la Torre, y cuatro que laboraron directamente para entidades públicas dependientes del Poder Ejecutivo de Veracruz.

En todos esos casos, existiendo laudos favorables que condenan a las entidades públicas a pagar indemnizaciones y/o reinstalar a los trabajadores afectados, ha existido una negativa absoluta para acatar los fallos judiciales. En algunos casos (como sucede con los Ayuntamientos de Banderilla y Acayucan), habiendo, incluso, sentencias emanadas del Poder Judicial Federal, los entes gubernamentales se han resistido a cumplirlas, ante la ineficacia tanto de los órganos jurisdiccionales de la Federación, como del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

En consecuencia, en la petición que dirigimos a la CIDH se señalaron como autoridades responsables de las violaciones descritas a los Ayuntamientos de Acayucan, Benito Juárez, Actopan, Martínez de la Torre, Tantoyuca y Banderilla, todos en el Estado de Veracruz; a los Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz; a dos jueces de Distrito (uno del Séptimo Circuito, y otro del Noveno); así como al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La petición dirigida a la CIDH se basa en la circunstancia de que el Estado Mexicano priva a las presuntas víctimas del derecho de lograr la satisfacción total de resoluciones judiciales dictadas a su favor en los distintos juicios laborales en los que fueron parte, específicamente, absteniéndose de proceder de conformidad con la Ley, que le ordena cumplir totalmente con los laudos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, vedándose así el derecho de los trabajadores a tener protección contra el desempleo, a obtener el pago de las remuneraciones judicialmente determinadas, y obstaculizando su acceso a una justicia completa e imparcial.

Es imprescindible hacer hincapié en que, con independencia de que sean entidades públicas específicamente determinadas las que se encuentran en situación de desacato a las resoluciones judiciales, es responsabilidad del Estado mexicano garantizar a sus ciudadanos el respeto a los Derechos Humanos.

De acuerdo con la normatividad de la propia CIDH, la petición que se presentó en su propia sede, se encuentra ahora mismo en fase de “admisibilidad”. Confiamos en que dicha instancia de la OEA admitirá y dará trámite a la petición, y solicitará al Estado mexicano que informe puntualmente las razones por las cuales, en el Estado de Veracruz, los fallos judiciales no son acatados por el propio gobierno.

De nueva cuenta, nuestro corporativo jurídico lamenta que sea necesario recurrir a instancias internacionales para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas que, habiendo sufrido atropellos por parte de servidores públicos, tras someter civilizadamente su inconformidad al arbitraje de tribunales (y luego de haber obtenido fallos favorables), no encuentran disposición alguna por parte del Gobierno que encabeza Javier Duarte para respetar la ley. Deploramos que la estulticia oficial conduzca a que sea el Estado mexicano el que, eventualmente, tenga que responder por omisiones injustificables.

Adelantamos también que esta fue la primera de una serie de peticiones que haremos llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; presentaremos más, de ser necesario; y, también, de ser necesario y procedente (de acuerdo con lo que determine la propia CIDH), aguardaremos pacientemente a lo que, en última instancia, decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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