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Después de que se hiciera pública la participación de empresarios y políticos, y en particular el  nombre de Omar Yunes Márquez, hijo del candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz, en el escándalo de evasión fiscal denominado Panamá Papers, ha quedado claro que pese a la legislación en materia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción de dirigentes y candidatos, en México, se requiere algo más que pronunciamientos y declaraciones propias de la temporada electoral.

La presencia de políticos y empresarios en esta investigación de ninguna manera puede ser atribuido a sus adversarios políticos; quienes ahí aparecen están obligados a dar respuestas convincentes a la opinión pública, se necesitan datos contundentes que acrediten la honorabilidad de quienes están en el servicio público o aspiran a cargos de gobierno; es indudable que el fenómeno de la corrupción en México está asociado a la voluntad y a la inventiva de la clase política para burlar la ley.

Las iniciativas de rendición de cuentas que tienen el sano propósito de atajar la corrupción, se vuelven sumamente vulnerables y merman la confianza ciudadana en la rendición de cuentas de la clase política; es inadmisible que la sociedad viva un proceso de permanente empobrecimiento y carencias de todo tipo, mientras las cúpulas empresariales asociadas al poder político sigan empeñadas en buscar mecanismos que hagan posible la evasión de cuanta legislación se establece para evitar la proliferación de fortunas de origen ilícito.