Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
07 de julio de 2016

Completamente desprestigiado, acusado de corrupción, asolado por las deudas con todos los sectores con los que tiene tratos y compromisos, el Gobierno del Estado de Veracruz se derrumba, sin que nadie se compadezca de una suerte que, sin temor a exagerar, las mismas autoridades se buscaron.

Como nunca antes, varios de los más importantes empresarios del estado, entre ellos Antonio Chedraui Mafud, dueño del consorcio empresarial Grupo Tony, se manifestaron públicamente en contra de las maniobras legaloides por medio de las cuales el gobierno de Javier Duarte de Ochoa busca trasladar los adeudos de su sexenio a la administración que le sucederá en el poder, así como que se regalen bienes que no son propiedad del gobernador, sino patrimonio de todos los veracruzanos. 

Los empresarios recurrieron a la misma vía que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, para hacer escuchar sus reclamos en el Altiplano: publicaron un desplegado en medios nacionales dirigido al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle su intervención en Veracruz y parar de alguna manera el disparatado desmantelamiento institucional que pretende realizar un gobernador en funciones dolido, pero que aún sigue montado en una soberbia desquiciante.

El que un sector como el empresarial, tradicionalmente “aliado” -y en múltiples ocasiones, también cómplice- de las administraciones en turno en el estado de Veracruz, se le “volteé al gobernador” y se oponga abiertamente a sus decisiones, habla de cuán profundo es el hartazgo y de qué tamaño es el daño que todavía se le quiere infringir a la entidad desde un gobierno derrotado, que busca revancha.

Porque varias de las acciones legales que promueve Javier Duarte para ser aprobadas en el Congreso del Estado, además de la desesperada búsqueda de impunidad, tienen el tufo de la venganza. 

Venganza enderezada en contra del grupo político de su más detestado rival, el que le ganó las elecciones del 5 de julio, y al que le quiere impedir actos de gobierno que llegan incluso al extremo de maniatar su derecho a contratar personal burocrático. 

Pero sobre todo es una venganza hacia todos los veracruzanos. Los que le dijeron ya basta y votaron en su contra, y en contra de todo lo que representa el duartismo-fidelismo: la corrupción, el despilfarro, la frivolidad, el tráfico de influencias, la inseguridad y un sinnúmero de males que aquejan a una entidad agraviada enormemente.

Las presiones de dentro y fuera lograron detener, al menos momentáneamente, los nombramientos de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y de comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, así como la donación del World Trade Center al Instituto de Pensiones del Estado. Pero siguen latentes barbaridades como la basificación de miles de burócratas y el traslado de recursos que deberían destinarse a obra pública para, en su lugar, pagar los adeudos contraídos por la presente administración, incluidos los que tiene con varios medios de comunicación.

Repudiado por los electores veracruzanos, abandonado por su partido, desconocido por sus antiguos aliados, el todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa vive el peor fin de sexenio del que se tenga memoria en el estado. 

Y todavía le quedan cinco meses.

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