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Comisión Estatal de Derechos Humanos les recomienda pagar en 15 días

 Sociedad 3.0

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoce que el retraso en el pago de sus pensiones a los jubilados y pensionados por parte del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es una violación a los derechos humanos, por lo que recomienda a los titulares de ambas instancias responsables que paguen en un término de 15 días hábiles y les manifiesta que deben evitar repetir esta conducta.

En su Recomendación 16/2016, dirigida al IPE y la Sefiplan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos amplía el beneficio de esta moción no sólo a quienes presentaron su queja por conducto del Despacho Jurídico Viades, Llanes y Asociados, sino que abarca a todos los derechohabientes que puedan estar en las mismas condiciones.

Cabe mencionar que esta Recomendación no significa que el IPE y Sefiplan vayan a acatar lo indicado de manera expedita e incontrastable, por lo que la desobediencia pudiera llevar a los quejosos a acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que a su vez puede solicitar la intervención del Senado de la República.

Por otro lado, debe observarse que aunque el Gobernador del Estado es el jefe de ambas instituciones observadas, la Recomendación no fue dirigida a él.

Los titulares del Despacho Viades, Llanes y Asociados, abogados patronos de los pensionados, emitieron un comunicado para fijar su postura respecto de esta recomendación.

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COMUNICADO

“VIADES, LLANES Y ASOCIADOS”

EMITE LA CEDH RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE PENSIONADOS.

Nos complace informar a los medios de comunicación y a la opinión pública, que este día nos fue notificada la Recomendación 16/2016 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, dirigida al Director del Instituto de Pensiones y el Secretario de Finanzas y Planeación, ambos del Estado, referente a las quejas que, en marzo pasado, presentaron jubilados y pensionados en relación con el retraso en el pago de sus pensiones.

En su parte medular, se dispone que el Director del IPE, en un plazo no mayor de quince días hábiles, tome las acciones administrativas necesarias ante la Sefiplan, encaminadas a garantizar el pago oportuno por concepto de pensiones tanto a quienes presentaron su queja, como a todas aquellas personas que hayan adquirido el derecho a recibirla. De igual manera, deberá reiterar en lo sucesivo dichas acciones para evitar la repetición del retraso.

Se dispone, además, que el titular de la Sefiplan ministre oportunamente el importe necesario para satisfacer el derecho a recibir una pensión, con la finalidad de garantizar que el IPE cuente con los recursos suficientes para cubrir los pagos que debe hacer en las fechas en que debe realizarlos.

Para la CEDH, quedó probado (Apartado VI de la Recomendación), “b).- Que existió retraso en el pago de pensiones a las que tienen derecho los quejosos, y que aquél constituye una violación a los derechos humanos a la seguridad social y a la protección de las personas adultas mayores, y c).- Que dicha violación a sus derechos humanos es imputable al Instituto de Pensiones y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del Estado de Veracruz”.

Como anticipamos, nuestro Corporativo Jurídico, “Viades, Llanes y Asociados”, que se encargó de la formulación y seguimiento de las quejas presentadas, celebra la decisión de la CEDH, y reconoce la disposición de su Presidente, la doctora Namiko Matsumoto Benítez, para dar cumplimiento a la encomienda que le hizo la sociedad de Veracruz.

Resulta importante, también, precisar que con esto no quedan agotadas las acciones y vías legales que pueden y deben explorar los pensionistas adheridos a las distintas organizaciones civiles, destacadamente la Fedipev y la Copipev Veracruz ésta última que articuló el esfuerzo de los pensionados en aras de hacer respetar sus derechos fundamentales. Es, en concreto, un logro que debe reconocerse a los pensionados y jubilados de Veracruz.

También consideramos prudente destacar que la Recomendación referida sienta un precedente invaluable: no únicamente quienes presentaron su queja se ven beneficiados con la determinación de la CEDH, sino –como lo explica el propio documento- todas aquellas personas que hayan adquirido el derecho a recibir su pensión.

Es, asimismo, la prueba irrefutable de que, como siempre lo expusimos, el retraso en el pago de las pensiones constituye una vulneración a Derechos Humanos.

Esperamos, naturalmente, que las autoridades a las que se dirigió la Recomendación (los titulares del IPE y la Sefiplan), en primer lugar, la acepten en sus términos; en segundo lugar, que la acaten y cumplan. Todo ello, en el bien entendido de que, de no suceder ambas cosas, los pensionados y jubilados tendrán expedito su derecho de solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual, dado el caso, puede –incluso- solicitar la intervención del Senado de la República, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Quedamos también atentos, por supuesto, a lo que en relación con este tema, exponga el titular del Poder Ejecutivo Estatal. Si bien es cierto, la Recomendación no se le dirigió a Javier Duarte de Ochoa como responsable directo de las transgresiones a Derechos Humanos, también lo es que no puede ignorar nadie (ni él), que –como jefe directo- de las autoridades señaladas en la determinación de la CEDH, será responsable de que ésta se cumpla a cabalidad durante el resto de su gestión como gobernador, como será responsabilidad de quien lo suceda en el cargo a partir del primer día de diciembre de 2016.

Agradecemos cumplidamente a la sociedad veracruzana y a los medios de comunicación independientes el respaldo que brindaron a los pensionados y jubilados, así como el seguimiento puntual de este tema.

Teníamos razón.

LIC. LUIS ALBERTO VIADES BLANCO.
MTRO. JUAN JOSÉ LLANES GIL DEL ÁNGEL