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Cambiar al fiscal general es tan complicado como remover al mismo gobernador

Sociedad 3.0

Para el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, técnicamente es complicado que Miguel Ángel Yunes Linares pueda meter a la cárcel a Javier Duarte de Ochoa, como ofreció durante su campaña, porque el fiscal general del Estado le debe el puesto al aún gobernador y por tanto lo protegerá, es autónomo, resulta tortuoso presionar el procedimiento para relevarlo u obligarlo a actuar, y el mandatario electo sólo dispone de dos años para cumplir su cometido.

En un artículo publicado en el número 17 de la revista Jurista, que comenzará a circular este 12 de julio, titulado “Romper el blindaje para hacer justicia”, Llanes Gil señala que si el candidato vencedor pretende cumplir su principal compromiso, tendrá primero que quebrar el blindaje legal construido por Duarte durante los últimos años.

A Javier Duarte de Ochoa podría imputársele la comisión de delitos federales y del fuero común, por lo que respecta a éste, “Cualquier denuncia en contra de funcionarios del régimen que concluye el 30 de noviembre de 2016, tendría que ser investigada por la Fiscalía y tendría que ser este organismo el que determinase la procedencia del ejercicio de la acción penal”, explica; por tanto, se tendría que confiar en que un organismo cuyo titular es un funcionario que propuso Javier Duarte de Ochoa, sea el que lo investigue y, eventualmente, ejerza contra él la acción penal.

A pesar de que claramente existe conflicto de interés en la investigación de los delitos de Duarte, no existen mecanismos para la recusación del fiscal general, como sí existe para el auditor general; por el lado del juicio político, éste es un procedimiento tortuoso donde tiene que intervenir el Tribunal Superior de Justicia como Jurado de Sentencia; y para removerlo, se necesita votación de las dos terceras partes de los diputados.

Reflexiona en que: “asumiendo que lo más deseable sería que un nuevo Fiscal General se encargara de conducir cualquier investigación que se originase con motivo de las prometidas denuncias en contra de Javier Duarte de Ochoa, lo cierto es que la ruta para sustituir a Luis Ángel Bravo se presenta compleja y saturada de vericuetos en el procedimiento”, el primero de los cuales es la voluntad de una mayoría calificada en el Poder Legislativo.

Estos vericuetos hacen que la tarea para de cambiar a un Fiscal General antes de la conclusión de su periodo, sea tan complicada como remover al mismo Gobernador.

Por otro lado, el denunciante inconforme con la actuación de la Fiscalía General del Estado, que se abstenga de investigar, o disponga el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal, puede impugnar tales determinaciones ante un Juez de Control, pero su resolución no admitirá recurso alguno” según el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque tal decisión puede ser impugnada a través de un recurso extraordinario, como es el juicio de amparo indirecto.

En resumen, tendrían que intervenir un Juez de Control, un Juez de Distrito, y hasta un Tribunal Colegiado de Circuito para forzar al Ministerio Público local a ejercitar acción penal, mientras que por el lado político, hacer confluir la voluntad de diputados con intereses opuestos.

“Y se ve complicado que ello pueda suceder en dos años”, finaliza el texto.

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