Astrolabio Político
Por Luis Ramírez Baqueiro

“Los espíritus vulgares no tienen destino.” – Platón.

Dice el dicho popular que lo que mal empieza mal acaba, y evidentemente en Veracruz así habrá de concluir la administración de Javier Duarte de Ochoa, un episodio en la historia reciente de la entidad para el olvido, plagado de irregularidades e inconsistencias que habrán de llevar tras las rejas a los responsables del peor de los saqueos al erario de que se tenga precedente en los anales del crimen de cuello blanco.

Tras la divulgación de una investigación periodística en Costa Rica, que coloca literalmente en la cárcel al diputado electo por Los Tuxtlas, Vicente Benítez Gonzaález, se confirma la proclividad de estos funcionarios por tomar el recurso de los veracruzanos -que no les pertenecía, como suyos-, la cual, fue el común denominador de la administración Duartista, a la que ahora se sumarán las acciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que este domingo difundió el avance de la investigación a la que ha denominado “Caso Veracruz”.

Y es que aun cuando el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares señalará este domingo, que habrá de mantenerse expectante del actuar del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras sobre la inminente acción para procesar y llevar ante la justicia a Benítez González al que le quedan cuatro meses sin que pueda alcanzar el fuero constitucional por los señalamientos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, y posible lavado de dinero, esperando que el titular de la FGE cumpla con su responsabilidad ante el mar de pruebas documentales de las cuales tiene en su poder el equipo del mismo mandatario electo.

Pero retomando el asunto del “Caso Veracruz” el SAT señala que tras la publicación de Animal Político del 24 de mayo que aseguraba que presuntamente existieron al menos 73 contratos con 21 empresas y 4 dependencias de la administración estatal por un monto de 645 millones de pesos entre los periodos 2012 al 2014, el Sistema de Administración Tributaria en una primera etapa se abocó a identificar contribuyentes vinculado, las dependencias contratantes, así como los domicilios donde presuntamente se ubicaban las empresas y en donde se ejecutaron las diversas operaciones.

En una segunda etapa señala el SAT, se procedió analizar la situación fiscal de los contribuyentes involucrados, fechas de constitución, investigar a los notarios – corredores públicos que protocolizaron las actas constitutivas de las empresas, verificar identidades de los representantes legales, socios y accionistas, las declaraciones y pagos realizados, en sus casos las auditorias hechas con anterioridad, los ingresos y gastos identificados, todo con el objeto de contar con elementos formales para determinar el alcance de las facultades que deberá ejercer la autoridad fiscal.

En un principio señala el reporte del SAT, se asegura que se habían identificado 26 empresas involucradas, aun cuando más tarde, se vincularon 8 contribuyentes más (7 personas morales, y una persona física), dando con ello un total de 34 sujetos identificados como dados de alta con Registro Federal de Contribuyentes.

De la revisión se identificaron que esas 34 empresas están constituidas por 59 socios. Así mismo se comprobó en 29 empresas, que el representante legal fungió como socio.

Se logró determinar que al menos 7 representantes legales conforman también sociedad con otras empresas.

La mayoría de los domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares, de las cuales se tiene el siguiente registro: 20 en Veracruz; 4 en Xalapa; 6 en Boca del Río; una en Córdoba; una en Coatzacoalcos; una en la delegación Coyoacán y otra en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

De igual modo el informe del “Caso Veracruz” señala que las empresas se constituyeron en los siguientes años: una en 1998; una en 2003; 6 en 2010; 8 en 2011; 15 en 2012 y 3 en 2013.

Para el SAT se logró comprobar la participación de al menos 23 fedatarios públicos en la constitución de empresas de las cuales dos se encuentran domiciliadas en la ciudad de México, y el resto en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río.

Por su parte, según documenta el SAT, las empresas involucradas en el “Caso Veracruz”, las empresas declaran de manera recurrente perdidas, no reportan trabajadores, con excepción solo de dos empresas; una de las empresa fue auditada en el ejercicio fiscal 2013, y resultado de ella se encuentra embargada y publicada en el portal del SAT –por un crédito firme-  por estar en la lista de contribuyentes incumplidos y fue reportada en el Buró de Crédito en enero de 2015; de igual modo se pudo determinar que dentro de las irregularidades 30 de los contribuyentes que fungen como socios, presentan declaración en cero, una se encuentra omisa y tres presentan el pago de obligaciones fiscales.

Es importante mencionar que la investigación arrojó que de los ingresos declarados por 34 de los contribuyentes por los ejercicios 2013, 2014 y 2015 resultaron los siguientes datos: Una empresa declara ingresos acumulables mil millones de pesos; 18 empresas declararon ingresos por arriba de los 100 millones de pesos; 13 empresas y una persona física declararon ingresos por debajo de los 100 millones de pesos; y una empresa se encuentra omisa por los tres ejercicios.

Así mismo, se logró determinar que durante el periodo 2013 al 2015 26 de las empresas emitieron facturas a 11 dependencias de la administración estatal.

Confirma el SAT que a la fecha se han emitido ordenes de auditoría fiscal para 26 empresas, de las cuales en 24 casos, no se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal, por lo que las auditorias están siendo notificados por estrados; en dos casos, la auditoria se iniciado en el domicilio de los contribuyentes.

Se sabe que se han iniciado auditorías a tres servidores públicos de la administración pública estatal, quienes presentan discrepancia fiscal entre sus ingresos y sus gastos. ¿Quiénes serán esos funcionarios? El círculo se cierra al equipo Duartista.

De los 34 contribuyentes involucrados se ha realizado la cancelación de 26 certificados de sello digital, lo cual les impedirá de las facturas correspondientes.

Según señala el SAT en su reporte de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se publicó el nombre y el RFC de 24 empresas en datos abiertos, así como en la lista de relación de contribuyentes “no localizados”.

La autoridad fiscal una vez agostada las diligencias de verificación, visita e inspección ocular de domicilios, e instalación de los contribuyentes ha publicado en el portal del SAT, el nombre y RFC de 25 empresas se presume han emitido comprobantes fiscales de operaciones simuladas, al no contar con los activos, personal, infraestructura, o capacidad material para prestar servicios, producir, almacenar, o comercializar mercancías o bienes, según lo establece el mismo artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

Una vez transcurrido el plazo analizando en su caso la documental e información aportada por cada contribuyente, y observando las formalidades legales que establece el artículo de referencia, la autoridad determinará en su caso, la inexistencia de las operaciones amparadas en las facturas emitidas.

Finalmente el SAT asegura en su informe que ha presentado 32 querellas ante las unidades administrativas competentes de la Procuraduría General de la República, correspondientes a 31 empresas y una persona física con fecha 1 de julio de 2016.

Así con estos resultados el SAT será como se lo adelantamos el brazo ejecutor de los verdaderos responsables de saqueo de la entidad, los infartos, desmayos y demás consecuencias habrán de comenzar a darse a conocer, pues quienes pensaron que jampas serían tocados se equivocaron, pues están ante el principio del fin de sus largas pero efímeras carreras delincuenciales.

Al tiempo.

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