Por David Quitano

22 de julio de 2016

No con decretos, sino con costumbres, se gobierna bien una república

Isócrates

Es evidente que la aguda crispación social, se encuentra fundada en diversas vertientes, pero particularmente cuando se menciona al sector público se indica sin distingo, como un problema primigenio a la corrupción.

Para dicho concepto, diversos investigadores realizan la analogía del Elefante: todos lo identificamos cuando lo vemos, pero es muy complicarlo describirlo. Ante esa dificultad, normalmente, los gobiernos en casi todos los países, recurren a lo más sencillo, crear leyes para combatirla.

Sin duda, es un buen ejercicio dicha iniciativa, pero no suficiente. La gimnasia de la corrupción obedece a cuestiones no puramente jurídicas. Me refiero a que el tema de corrupción tiene una anatomía económica. Es decir, se ejerce porque es redituable, es redituable porque existe un mercado que se conduce bajo ése esquema lucrativo; la economía política sirve para describirla mejor, debido a que la costumbre en la utilización de dicho medio, se presenta como un modo de producción(extracción).

El gran ambiente y proceso social en el cual México se encuentra en su vida democrática, subyace del deterioro institucional. Dicho deterioro se agudiza conforme los actores políticos comienza a lucrar con la ilegalidad como consecuencia del debilitamiento estructural.

Me refiero, a que la difamación, la alteración en procesos jurisdiccionales por la presión de la prensa-cuando tiene o no tienen razón- son otras formas de corromper el sistema. Al respeto en el año 2015 el Francés René Bartillac, escribió un libro llamado “la Presa Canalla” en donde muestra una serie de sucesos que implicaron debilitamiento institucional en el mundo a partir de la intriga; recomiendo su lectura.

Siguiendo con el título del presente escrito, reconozco el esfuerzo que el ejecutivo federal está realizando con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, legendario anhelo de la sociedad mexicana. Mismo que se torna insuficiente, sino va acompañado de emplazamientos y/o esclarecimientos de presunciones sobre diversos funcionarios que a todas luces se distinguen por un enriquecimiento inexplicable a partir de sus nombramientos al frente de diversos puestos públicos.

Sumado a ello, debe ir acompañado del establecimiento del Estado de Derechos, no solo Derecho, lo que tiene que ver necesariamente con la aplicación de la ley con medidas precautorias, para la sociedad, a fin de no negociar con la ley, pero sí negociar políticamente. Dichos conceptos distan muchos, pero son igualmente válidos.

Porque la experiencia moderna arroja el caso chileno, la dentición de casi el 80% de los funcionarios de los ministerios federales, dicho precedente acusa a una renovación moral del quehacer público y del proceso de legitimidad, mismo que es esencial para la conducción de las naciones.

Sobre todo, ahora, que los números son alarmantes, porque laceran el futuro y amputan el porvenir de aquellos, en que una acción de gobierno significa una igual reducción de gasto sobre actos muy sensibles, como es el acceso a servicios básicos.

El tópico tratado tiene un enfoque, histórico y estructural, por tanto, en un contexto democrático-elitista es imperativo que quienes ocupen la punta de la lanza tengan probidad en cuanto a su ejercicio.

Ya no basta pedir disculpas, es necesario rendir cuentas. Ya no es suficiente señalar que el de enfrente es corrupto, es prudente no serlo tú. El que no transa no avanza, debe ser desterrado de nuestro vocabulario nacional, para mejorar la práctica escrita y no escrita de la vida pública.

Recordando:

• Un corrupto, mencionando que sacará a los actuales corruptos. Es sin duda un ejemplo de la necesidad de una renovación moral.