FRANCISCO GARRIDO, FUNCIONARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO
 

Xalapa- 2016-07-1318:02:01- Rosalinda Morales / El diputado Francisco Garrido responsabilizó a los titulares de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, de Educación Xóchitl Adela Osorio y de Salud, Fernando Benítez Obeso, y sus antecesores en estos puestos (en el caso de la SEV y Salud) por los desvíos de recursos que acusa en 26 denuncias la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Los titulares de las dependencias que son señaladas en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, son los responsables de solventar las observaciones o responder como tengan que responder”.

Cuestionado sobre por qué el Órgano de Fiscalización Superior no detectó ese desvió de recursos, aclaró que el ORFIS en coordinación con la ASF audita recursos federales, y los resultados que se obtienen se entregan directamente al auditor superior y es éste quien debe darlos a conocer.

Es así que cuando se trata de recursos federales, el informe de resultados de la cuenta pública federalizada del Gobierno de Veracruz se presenta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Esas auditorías no las hace la Auditoría Superior de la Federación, las hace el ORFIS, y ahí están las consecuencias”.

Sobre las investigaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) con relación a las empresas fantasmas, será ese organismo quien deslinde responsabilidades.

ASF ORDENÓ A PGR INVESTIGAR POSIBLE DESVÍO DE GOBIERNO DE DUARTE DE 18 MIL MDP

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar un posible desvío de recursos en el gobierno de Veracruz, luego de detectar que Javier Duarte gastó más de 18 mil millones de pesos provenientes de partidas federales en contratos de obras, bienes y servicios cuya existencia no pudo comprobarse.

De acuerdo con información publicada en el portal de Animal Político, en respuesta a una solicitud de información que hizo sobre el seguimiento que realiza la ASF a la firma de contratos con al menos 26 empresas fantasma y otras irregularidades detectadas, suman 53 las denuncias penales presentadas hasta ahora, pero ninguna de ellas ha sido solventada.

“Existen hechos relacionados con la falta de comprobación de gasto, que en muchos casos puede implicar adquisiciones irregularidades en las que no hay entregables”, apunta el texto.

Según la ASF, se trata de compras que paga el gobierno estatal, vía la adjudicación de contratos y las facturas que de ellos derivan, pero en los que “no existen los productos comprados y entregados”.

Hasta ahora el monto de dinero que está pendiente que el gobierno de Veracruz devuelva o aclare, por irregularidades como la señalada anteriormente de los distintos ejercicios revisados, es de 18 mil 412 millones de pesos, según el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF.

Respecto de la identificación de las empresas contratadas por el gobierno estatal, la Auditoría señaló que no está entre sus facultades dar seguimiento a las compañías involucradas en las irregularidades, pero recordó que se presentan las denuncias ante las instancias correspondientes para dar seguimiento a los casos.

Sobre las 53 denuncias penales presentadas por la ASF, cuyas averiguaciones abiertas ya se encuentran en el ámbito de competencia de la PGR, parten de la revisión que se hace del manejo de los recursos federales etiquetados para distintos rubros, y que el gobierno de Veracruz reporta que ya se gastaron.

En por lo menos ocho de esas denuncias, las anomalías no se acabaron en la detección del dinero faltante. La ASF descubrió que la administración de Duarte regresó el dinero a las cuentas faltantes, pero lo hizo solo para solventar “la comprobación” y después volvió a retirarlo, situación que se califica como una “simulación”.

La PGR confirmó ayer públicamente que el Ministerio Público integra un grupo de averiguaciones previas relacionadas con empresas de Veracruz, a las que el gobierno de Javier Duarte destinó múltiples contratos con recursos públicos, pero que no existen en sus domicilios ni hay evidencia de que hayan operado.

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