No debe levantarse mucho polvo por la decisión de Duarte de Ochoa de otorgar en donación la Casa de Gobierno que ahora habita para destinarla a labores de oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al margen del problema de tráfico urbano que provocará con la consiguiente afectación de calidad de vida para los vecinos del lugar, lo que a Duarte le tiene sin cuidado, lo no aceptable es la intención de una medida dispuesta desde el poder para crearle problemas a su sucesor, tomando así asuntos de gobierno como pretexto para afectar al adversario político; el inmueble en cuestión es público, luego entonces no debiera manejarse por caprichos personales, pero mientras se acuda a la complicidad del Congreso todo será posible.