CAMALEÓN
Por Alfredo Bielma Villanueva
30 de julio de 2016

En reciente convivio con amigos y adherentes a su proyecto político el senador José Yunes Zorrilla (un político de nueva generación) subrayó la importancia de las instituciones en todo contexto social y en lo político-administrativo porque las acciones que de allí dimanan impactan en la sociedad; se refirió concretamente al Coneval, al INEGI, a la ASF, al INE, etc., y combinó su exposición para explicar el momento que vive nuestro país, de cambios que la contemporaneidad impide evaluar en su exacta dimensión pero que sin duda forman parte de la evolución política del pueblo de México. No dejó a un lado las bondades del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso General acentuando el impulso ciudadano que le dio origen.

Sin duda le asiste la razón al senador veracruzano, ya que gracias a esas instituciones la información oficial ha ganado solvencia y crédito pues la que proporciona el Inegi al Coneval coadyuva a conocer los avances o retrocesos en el éxito de los programas sociales, a la vez que se aportan criterios para el diseño de políticas públicas. El actual diferendo entre el Coneval y el INEGI respecto a la medición de la pobreza y registros sociodemográficos demuestra el grado de importancia que se reconoce a las cifras que dan fe de nuestro desarrollo social. Ya no más estadísticas a modo de los gobiernos para disfrazar fracasos, ya no más informes de gobierno sin sustento en la realidad, o al menos, sin que desde el llano se descubran los engaños y las mentiras. En rubro aparte, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en base a su autonomía se añade un importante ingrediente en la lucha contra la corrupción, pues realiza un puntual escrutinio a la aplicación del recurso público.

La clave está en instituciones efectivamente autónomas, que dignifiquen su existencia e inspiren confianza, para que no suceda, por ejemplo, con la información que habla de la baja de los índices delictivos difundidos desde el poder, pero encuentran rotundo mentís en la percepción ciudadana que no lo concibe así porque la realidad demuestra lo contrario.  

Ese escenario nos avisa que estamos cambiando, que con la instalación de Instituciones con crédito la sociedad adquiere mayor poder, no se olvide que finalmente la presión social las genera, así sucedió en su tiempo con la creación del IFE para saciar la sed de elecciones confiables, y se ha vuelto a comprobar en el papel protagónico que desempeñó la sociedad civil al promover con ejemplar entusiasmo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por supuesto, aún hay trecho que recorrer pues se oponen las resistencias de los interesados en mantener el statu quo, con la pretensión de seguir usufructuando las canonjías del poder, e incurrir en el abuso del ejercicio público inspirado en un trasnochado patrimonialismo político. Rémoras las hay en el discurso político, tan desacreditado como ayuno de fe pública; si el presidente de la república ofrece disculpas por el affaire de la Casa Blanca la opinión pública no le concede crédito; si un gobernador alega en su defensa que es ajeno a actos o acciones de corrupción, la ciudadanía desoye la retórica y se atiene a la acción de quienes investigan el dato duro. ¿Quién en Veracruz, por caso, le otorga crédito a la versión de Gabriel DeAntes sobre una supuesta herencia para justificar la bonanza súbita? Conociendo la precaria condición económica con la que se inició en el servicio público ¿Quién no dudaría en poner en tela de juicio el enorme patrimonio de Del Castillo y de otros más que todo mundo en Veracruz conocemos?

De allí la necesaria fortaleza y autonomía de las instituciones para que resistan el embate del Poder y no tuerzan su finalidad. Órganos como la Contraloría y el Orfis han sido menguados desde su origen, la primera porque el diseño en el nombramiento de su titular impide autonomía y por lo mismo ha sido cooptada al grado de convertir en complicidad los nobles fines para los que fue creada. El Orfis ha sido víctima de la partidocracia en el Congreso y desde su creación no ha sido un buen ejemplo de transparencia, aserto imposible de desmentir porque 212 alcaldías multiplicadas por los trienios que se quieran son testigos de las corruptelas que en ese ámbito se han cometido.

Ganarle las elecciones al pueblo fue un deporte favorito de los partidos en el poder, obviamente todo se lo cargan al PRI por su larga permanencia en el foro mexicano, pero la experiencia ha demostrado prácticas similares en el PAN y en el PRD. A partir de la elección de 1988, para muchos un auténtico parteaguas político-electoral, el gobierno se vio obligado a transparentar los resultados electorales, así nació el IFE, hoy INE, no sin tropiezos pero con éxito porque ahora pocos dudan de un resultado electoral.

El avance ha sido gracias a las instituciones que nos hemos dado como sociedad, falta también el cambio en la mentalidad del aspirante a político y de quien desea convertirse en servidor público, cuya primicia más importantes sería hacerlo con auténtica vocación de servicio; un cambio de paradigma político que incluye un eficaz reclutamiento entre quienes aborrezcan el patrimonialismo político, una forma deleznable de ejercer el poder. Y sobre todo que se aplique la ley, ya no más impunidad, de allí la necesidad de una Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónoma.

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