CAMALEÓN
Por Alfredo Bielma Villanueva
02 de julio de 2016

Es explicable que el gobernador Javier Duarte de Ochoa se encuentre molesto y quizá preocupado porque al finalizar el mandato que la ciudadanía veracruzana le confirió en 2010 el panorama que se le muestra a futuro no es halagüeño. Tal humor es explicable por la secuencia de los acontecimientos devenidos desde la nominación del candidato del PRI al gobierno de Veracruz, pasando por la consolidación de la alianza del PAN con el PRD que no pudo evitar gracias a la digna actitud de Agustín Basave, hasta los resultados de la jornada electoral del 5 de junio, pues nada le ha sido favorable en la medida que no logró la candidatura priista para alguno de sus afines, y por el contrario quien la alcanzó de inmediato se deslindó del gobierno que preside. Luego vino el revés electoral que colmó de ortigas el camino, pues quien resultó triunfador fincó su victoria en un discurso cuyo tema central fue el combate a la corrupción directamente referido a su gobierno, y que a pesar de la intensa lluvia de lodo que se descargó sobre el candidato del PAN la ciudadanía votó mayoritariamente a su favor.

La evaluación respecto a la gestión de gobierno de Duarte de Ochoa por un lado se ve reflejada en la secuencia ininterrumpida de demandas sociales por el incumplimiento de las promesas formuladas y no cumplidas, por otra parte, se manifiesta en las largas filas de acreedores del gobierno del estado formadas por alcaldes, empresarios, proveedores de bienes y servicios, prestadores de servicios turísticos, contratistas, que no tuvieron la suerte de alcanzar los beneficios que ipso facto consiguieron los socios de las 25 empresas fantasmas con beneficiarios de carne y hueso; con este bagaje no sería posible superar la inspección de una aduana revisora.

Ciertamente el mandato constitucional de un gobernador en México perdura seis años, que en Veracruz va del primero de diciembre cuando se asume la responsabilidad hasta el 30 de noviembre del sexto año, este es un argumento utilizado por el gobierno de Veracruz para justificar las medidas administrativas y legislativas en que últimamente está empeñado. Pero en realidad el actual gobierno veracruzano cerró sus puertas mucho antes del término constitucional en materia de obra pública, de seguridad pública, de cumplimiento de programas sociales, como lo testimonia la realidad veracruzana; pero no acata esa realidad cuando impulsa disposiciones fuera del contexto de un gobierno al que animara la vocación social, pues en ninguna de ellas se contempla el beneficio colectivo.

Si bien en nuestro marco jurídico todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contario, y por lo mismo las acusaciones de corrupción sendereadas contra Duarte de Ochoa y varios funcionarios que lo acompañan tendrán que pasar por el cedazo de la PGR, parece que el ciudadano veracruzano ya juzgó porque no encuentra una explicación congruente sobre el monto y crecimiento de la deuda pública, ni acerca del pasivo circulante, tampoco del asombroso desvío por 35 mil millones de pesos (más lo que se acumule) registrados por la Auditoría Superior de la Federación, considerando que en el territorio de la entidad veracruzana no existe constancia que certifique la inversión de esa acaudalada suma. No existe un puente de grandes dimensiones, tampoco una carretera nueva, mucho menos un hospital nuevo, ni un programa de efectiva reducción de la pobreza, una empresa nueva que haya creado cientos de empleos (que no sea la de etileno XXI que vino a inaugurar el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell con la inexplicable ausencia del gobernador Duarte de Ochoa), nada en fin que justifique el incremento de la deuda pública.

Después de la derrota electoral, ya con MORENA, ya con el PRI, sobrevienen las medidas administrativas y legislativas dispuestas por el gobernador Duarte de Ochoa, que la ciudadanía veracruzana no alcanza a entender y no le parece que por animosidades políticas se utilice el patrimonio público como herramienta de contraataque al adversario. La población veracruzana ninguna culpa tiene de las  malquerencias entre actores políticos, mucho menos que su mandatario, es decir quien debiera servirle, protagonice un enfrentamiento estéril, infructuoso y nocivo para la entidad, en vez de aclarar las cuentas de cuyo malos manejos se le imputa.

Los dos helicópteros de obsequio a la Fiscalía, la donación de inmuebles al IPE, al igual que la Casa de Gobierno a la CEDH, revelan una desatinada actividad que no se corresponde con la prudencia ni la mesura de juicio exigibles en un gobernante; el acabose es el propósito de basificar a cientos de empleados del gobierno en una burocracia ya de por sí obesa; esto ¿en qué medida “perjudicará” al sucesor? No mucho desde luego, comparado con el daño que se le causa a Veracruz; porque finalmente será la población veracruzana la que resulte perjudicada por todos esos despropósitos.

De allí la imperiosa obligación de los veracruzanos por manifestarnos en contra de las medidas que últimamente ha dispuesto el gobernador Duarte de Ochoa, y para ello ha contado con los supuestos “representantes populares”, cuya complacencia los convierte en cómplices del daño a Veracruz. ¿Qué impulsa al gobernador a proponer a un indiciado de corrupción por la opinión pública veracruzana para encabezar el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información? (IVAI); ¿Cuál es el propósito que lo induce a designar a través del Congreso a gente afín a su grupo para un órgano de reciente creación instituido para combatir la corrupción? ¿No acaso se privilegia la opacidad?

Cuando la separación de poderes no es auténtica sucede lo que ahora ocurre entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo: “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”.

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