color-rojo
Armando Barajas Ruiz.
Agencias

El consejero político nacional del PRI, Armando Barajas, pidió la suspensión de derechos político ­partidistas y la consecuente expulsión del partido de Javier Duarte de Ochoa, por tener procesos judiciales en su contra, acusaciones de corrupción y con ello afectar la imagen del partido. Pidió lo mismo para sus colegas César Duarte, de Chihuahua y Roberto Borge, de Quintana Roo.

En el escrito presentado, Barajas menciona que en el caso de Javier Duarte de Ochoa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) declaró que existen 26 denuncias abiertas en su contra, 23 por probables hechos delictivos cometidos durante su administración.

Destacó dos denuncias que interpuso la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, contra el mandatario por no cubrir el pago de subsidios por 2 mil 76 millones de pesos desde 2013.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT), enlistó, presentó 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos que celebraron dependencias de la administración de Duarte de Ochoa con empresas fantasma.

Barajas Ruiz presentó ayer ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional, que encabeza Fernando Elías Calles Álvarez, una solicitud de suspensión de derechos partidarios y expulsión de los tres mandatarios en funciones, por violentar el Código de Justicia Partidaria.

En el caso de César Duarte, afirmó, la misma auditoría tiene 17 denuncias en su contra por irregularidades encontradas en el uso de recursos públicos de su administración. “Irregularidades que constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”, expresó Barajas Ruiz.

Contra Roberto Borge, expone, existe una denuncia penal presentada en 2014 por presunto mal uso de recursos públicos. El consejero político nacional aseguró que los tres violaron el artículo 227 fracción X del Código de Justicia Partidaria, al cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de funciones públicas encomendadas.

“Deberán suspender temporalmente sus derechos como militantes hasta que concluyan los procesos penales por los delitos dolosos de que han sido acusados”, señaló.