Por increíble que parezca estamos en presencia de una medida inexplicable, que lastima el sentido común, y lo peor es que procede de un gobierno cuya finalidad, se supone, debiera ser la procuración del bienestar social. Esta y no otra reflexión despierta el que se haya proyectado la construcción del puente sobre el rio Jamapa sin tomar en consideración al ayuntamiento que debe dar la autorización para la obra, cuyo proyecto se desconoce aunque sí su costo que asciende a 2 mil 400 millones de pesos, al igual que ya dispuso qué empresa se encargará de la construcción. Lo más extraño es que el ímpetu para autorizar la obra proviene de un gobierno ayuno de obra pública durante cinco años seis meses y ahora que está a cinco meses de concluir su gestión decide y compromete a administraciones futuras con esta obra.