Roberto Gil Zuarth
Foto de Eje Central
Agencias

Ciudad de México.- El senador del PRI, Arturo Zamora, informó que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la petición del PRI a fin de que se inicie la acción prioritaria o preferente de la controversia constitucional que en su momento presentó la PGR contra de los congresos y gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, por haber nombrado a un fiscal anticorrupción sin que la ley sobre el tema se encontrara vigente.

De acuerdo con el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, el trámite está previsto en la Constitución y las causales también están plenamente determinadas.

“En este sentido, nosotros consideramos que es uno de los temas a los que habría que darle cauce, fundamentalmente porque en el caso de Quintana Roo, en la tercera semana de septiembre habrá cambio de gobierno; en el caso de Chihuahua en la primera semana de octubre habrá cambio de gobierno; y el primero de diciembre en el caso de Veracruz” señaló.

Señaló que estos procesos legislativos que se dieron en esas entidades, están contrariando ocho disposiciones del régimen transitorio de las leyes en materia de combate a la corrupción, que fueron promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto.

En un oficio con fecha del 26 de julio enviado al ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, el senador Gil Zuarth solicitó la resolución prioritaria de dichas acciones, debido a que éstas tienen especial interés social, porque pretenden proteger el orden público que implica la creación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Resulta de mayor importancia que la SCJN, en su calidad de máximo tribunal constitucional, se pronuncie sobre la posible contravención constitucional que las leyes emitidas por los estados, representan frente al espíritu, objeto y propósito del sistema”, señaló.

El documento refiere que el objetivo del SNA es eliminar los espacios, privilegios y oportunidades para cometer actos de corrupción, mediante la creación de una serie de leyes que dan vida a autoridades independientes, obligaciones claras y transparentes.

Empero, señala el texto, la reforma será “inoperante” si en las legislaciones locales se prevén disposiciones contrarias a la misma, porque las autoridades de orden local estarán obligadas a ejecutar la normatividad local y no así la norma constitucional.

“En conclusión, al ser necesaria la pronta justicia constitucional, con la finalidad de impedir que el espíritu y objetivo previsto en el Decreto Constitucional y el SNA se vean afectados por la legislación local impugnada, realizo la presente solicitud”, explicó Roberto Gil en su escrito.