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Al menos en la entidad veracruzana no se había presentado un rompimiento tan público como evidente entre el gobernador en funciones y quien lo sucederá en el cargo como el que escenifican Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. Durante la campaña electoral este último fue objeto de una inclemente lluvia de adjetivos, cuyo origen el propio candidato atribuyó al gobierno en funciones, entre otros. Grande es el encono, al que sin embargo no podemos imputarle el motivo de la carta que Miyuli remitió al presidente de la república solicitando “su urgente intervención con el fin de hacer frente a la situación de emergencia que se vive en nuestro Estado”, porque se sustenta en la realidad veracruzana cuando advierte el quebrantamiento de las finanzas públicas “derivada de la grave corrupción de quienes han tenido a su cargo el Gobierno del Estado”. Y, también grave, cuando avisa al presidente que “es evidente que mandos importantes de distintas corporaciones están al servicio de la delincuencia organizada y que líderes de bandas operan con la protección de personas cercanas al Gobernador Javier Duarte de Ochoa”. Es obvio que esto último requiere respuesta inmediata, ya por la población veracruzana, ya por lo que implica. Aquí sí no basta con un twitter.