Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
22 de septiembre de 2016

La noche le ha caído finalmente al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su círculo cercano.
Luego de meses de escarceos, bravuconadas y batallas que no pasaban del ámbito mediático, por primera vez la Procuraduría General de la República (PGR) informó de manera pública que investiga a Duarte de Ochoa y a otros miembros de su administración por delitos del fuero federal.
El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, anunció la tarde de este miércoles el ejercicio de la facultad de atracción de las carpetas de investigación FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, que obraban en la Fiscalía General del Estado, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, ya que tienen conexión con las indagatorias federales abiertas tras la difusión de los contratos del gobierno estatal con empresas “fantasma”.
Además de Javier Duarte, el funcionario federal mencionó que en los expedientes se incluye al flamante diputado local electo por San Andrés Tuxtla, Vicente Benítez González, uno de los principales operadores de las maniobras financieras del duartismo que hoy los tienen en la picota.
Pero no solamente ellos están bajo proceso judicial. Según lo que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola en sus espacios noticiosos de radio y TV, y que fue confirmado por el propio Javier Duarte, también está en calidad de inculpado ante la PGR el director de Catastro del Estado, Domingo Yorio Saqui. Según el aún mandatario, por filtrar información a los medios sobre los bienes del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Aunque sobre Yorio también pesan acusaciones por haber falseado información al Ministerio Público federal sobre el patrimonio de Duarte de Ochoa y sus familiares.
El subprocurador federal añadió que varios integrantes más del gobierno de Javier Duarte serán citados a comparecer en los próximos días para continuar con las indagatorias. Se espera que las denuncias y diligencias alcancen al menos a una decena de duartistas.
Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, si alguna instancia tiene los alcances para proceder en contra de los saqueadores del estado de Veracruz, ésta es la federal, en este caso, la PGR. Más aún, tratándose de un gobernador del mismo partido que el del Presidente de la República, a quien le urge legitimarse de alguna manera y alejar de sí los reflectores de la crítica por la crisis financiera del país y sus yerros en política exterior e interior.
De los tres gobernadores colocados en el “paredón” tras la derrota priista de las elecciones del 5 de junio, Javier Duarte de Ochoa es quien más irregularidades arrastra y por tanto, el candidato más viable al “fusilamiento”, máxime que a las corruptelas descaradas que desde hace años se han denunciado hay que sumar la grave descomposición de la seguridad en el estado, que sin duda también le pega a la imagen del priismo nacional.
Lo que sea que Enrique Peña Nieto le debiera a Javier Duarte desde la campaña presidencial de 2012, parece haber quedado atrás. Y el mandatario veracruzano al fin se habría dado cuenta, pues tras el anuncio de la PGR de la tarde de este miércoles, enmudeció.
Ni en Twitter se atrevió a responder ante lo que pareciera, sólo pareciera, el principio del fin.

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