CAMALEÓN

¿Qué detalle de lo que estamos observando en este fin de gobierno veracruzano no hemos visto en relevos gubernamentales de antaño? Tal sería una de las interrogantes que pudieran formularse frente a la estrepitosa conclusión de un periodo gubernamental curtido en situaciones inéditas, aunque por cierto no todas son extrañas en la política a la mexicana. Lamentablemente la gestión encabezada por Javier Duarte de Ochoa finaliza en medio de la sospecha, entre el iterativo cuestionamiento que inquiere hacia dónde se desvió el recurso etiquetado que nunca llegó al destino asignado, y el de si hubo o no apropiamiento de dinero público para provecho personal o de grupo. De existir sustracción de recursos es tema que le corresponde esclarecer a la procuración de justicia, pero flota en el ambiente el enigma de su destino porque en el escenario veracruzano no existe constancia física de su aplicación. Esta inferencia se consolida porque no existe una obra de gobierno que testimonie la inversión pública de miles de millones de pesos, que no sea el túnel sumergido bajo el río Coatzacoalcos convertido ya en símbolo de la ineptitud administrativa, del despilfarro y la corrupción.

En el registro histórico de los relevos de gobierno veracruzano no se encuentran antecedentes en los que haya habido pugna abierta entre quien se va y quien llega; tampoco a que se hayan ventilado públicamente fuertes sospechas respecto a la aplicación irregular del recurso público en el que presuntamente estuviera involucrado el titular del Poder Ejecutivo; si bien a sotto voce se comentaban algunos excesos, que sin duda los hubo, no se esperaban consecuencias legales porque el relevo provenía de las mismas filas partidistas y el árbitro era el presidente de la república, el gozne sobre el que giraba toda la política nacional. Con ánimo para el debate se podría recordar que al veracruzano Dante Delgado se le encarceló por presunto peculado, pero acaso eludirán aceptar que tal decisión tuvo orígenes políticos, pues ¿cómo aceptar que detrás de aquella decisión prevalecía el ánimo de combatir la corrupción cuando al cordobés el sistema político lo hizo embajador en Italia, Secretario de Organización del PRI durante la campaña presidencial, y Procurador Agrario años previos al proceso judicial que se le instruyó?

Además, aquel proceso contra Dante Delgado se entabló más de dos años después de haber entregado el gobierno y de recibir reconocimientos de organizaciones sindicales y civiles de la entidad por la obra realizada. En el ínterin no hubo diferendos públicos entre el mandatario saliente y el entrante; entre otras razones porque el código no escrito establecía que los recursos de cada campaña los aportaba el gobierno saliente, de allí la red de compromisos y de complicidades.

En nuestros días el caso veracruzano se ventila no solo en villas, pueblos y ciudades de la entidad, pues es un tema que ha trascendido los límites estatales y en algunos casos allende nuestras fronteras (el de las propiedades en Texas y el asesinato de dos sacerdotes que hizo reaccionar al Papa Francisco, por ejemplo). Circunstancia explicable porque ahora las redes sociales son conductos de comunicación instantánea y la globalización es total. Otros ingredientes interactúan con la misma eficacia, entre ellos figura la presión social que obliga a la clase política a crear instituciones y marco normativo para combatir la corrupción. El propio presidente Peña Nieto, quiera o no, está presionado por las circunstancias del México actual para actuar cuando los signos de corrupción son inocultables, así lo hizo apenas entró en funciones cuando la PGR procesó y encarceló al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien paga con cárcel sus culpas, un aviso que quienes iniciaban gestiones políticas desatendieron atenidos a la tradicional impunidad.

Hay cercos jurídicos contra Guillermo Padrés y Rodrigo Medina, ex gobernadores de Sonora y Chihuahua, respectivamente, luego entonces existen elementos para deducir que, de comprobarse las irregularidades en el manejo del recurso público de los veracruzanos, habrá acciones en contra de quien o quienes resulten responsables, nombres los hay y se ventean públicamente, investigaciones también, la propia Procuraduría General de la República así lo consigna.

Menos de setenta días nos separan del 30 de noviembre, fecha en que constitucionalmente concluye el periodo de gobierno que el 1 de diciembre de 2010 inició Javier Duarte de Ochoa, seis años transcurridos más con pena que con gloria para los veracruzanos: un gobierno que manejó miles de millones de pesos no puede comprobar fehacientemente el presupuesto destinado para inversión pública, de allí el señalamiento público. La única primera piedra, la primera y única de este gobierno quedó a la intemperie de los tiempos, y así quedaron clausuradas una vez más las esperanzas de la población del norte de la entidad por contar con infraestructura carretera acorde los tiempos.

Antaño desde el quinto año del ejercicio se organizaban homenajes al gobernador saliente, ya inducidas desde el propio gobierno o bien motu proprio de organizaciones civiles, hoy ese escenario es inimaginable. Antes, el 30 de noviembre era el acto público en el que un gobernador rendía su sexto informe y el diputado presidente lo contestaba reconociendo la labor sexenal; el día primero de diciembre asistía a la ceremonia de ascensión del sucesor, ¡muerto el Rey viva el Rey! Un ciclo, todo un escenario republicano ahora simplemente inconcebible. Aunque habría que precisar: aquello era cuento entre políticos, ahora es la contundente muestra de la naturaleza del hombre en política.

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25- septiembre- 2016