Fisculín
La Jornada Veracruz
Jaír García

 

Desde el 2007 a la fecha, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado un total de 95 denuncias contra funcionarios estatales, alcaldes y funcionarios municipales, por un presunto daño patrimonial superior a los 2 mil 121 millones de pesos, sin embargo hasta el momento el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras, no ha actuado contra nadie.

Mientras la pasividad de la FGE persiste en las denuncias por corrupción contra funcionarios públicos en Veracruz, tanto de los niveles municipal como estatal, algunas denuncias están por cumplir 10 años, con lo cual podrían prescribir los delitos y quedar impunes.

Dentro del paquete de denuncias presentadas por el Orfis, destaca una de este año, interpuesta ante la Agencia Séptima de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos en contra de los funcionarios estatales que resulten responsables de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Protección Civil (SPC) y Educación (SEV) por los señalamientos de empresas fantasmas.

En este caso, el Orfis advierte que la denuncia fue por las compañías no localizadas en la investigación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que provocó un daño patrimonial de 940 millones 234 mil 326 pesos.

Si bien, esta denuncia apenas fue interpuesta hace algunas semanas, la fiscalía general del estado no ha avanzado en su integración, como tampoco en la consignación de otras averiguaciones que datan de hace casi 10 años, cuando el titular del Orfis todavía era Mauricio Audirac Murillo.

Otra acusación que destaca corresponde a la Cuenta Pública 2015 en contra de la ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David, derivado del seguimiento a observaciones a ejercicios anteriores por no haber concluido el puente Capoacan, el cual fue informado como concluido y únicamente se encuentran levantados algunos pilotes.

En el reporte con que cuenta el Orfis, las denuncias de mayor rezago corresponden a la Cuenta Pública 2007 por un daño patrimonial de 42 millones 895 mil 364 pesos, y en ese entonces se denunció a quienes resultaran responsables de los ayuntamientos de La Antigua, Acula, Alpatláhuac, Atlahuilco, Benito Juárez, Las Minas, Nautla, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Texistepec, Tlacojalpan y Zozocolco.

Del año 2008 el daño patrimonial denunciado ascendió a 33 millones 424 mil 728 pesos, y las autoridades señaladas eran de los ayuntamientos de Ilamatlán, Saltabarranca, Tecolutla, Tempoal, Zacualpan y Álamo Temapache cuando estuvo al frente Blanca Batalla, a quien se rumoró se le dio la oportunidad de escapar, cuando Emeterio López Márquez estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).

De la Cuenta Pública 2009 el daño patrimonial fue de 252 millones 492 mil 451 pesos y abarcó a los siguientes 33 ayuntamientos: Acatlán, Álamo, Alto Lucero, Ángel R. Cabada, Astacinga, Catemaco, Coahuitlán, Cosaultán de Carvajal, Ilamatlán, Ixtaczoquitlán, Jamapa, Las Choapas, Las Minas, Lerdo de Tejada, Maltrata, Mecatlán, Minatitlán, Puente Nacional, Saltabarranca, Soconusco, Tancoco, Pajapan, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tepetlán, Texcatepec, Texhuacan, Totutla, Tuxpan, Úrsulo Galván, Xoxocotla y Yecuatla.

En las denuncias correspondientes al ejercicio 2010 el Orfis acusó un daño por 92 millones 917 mil 881 pesos en contra de responsables de los ayuntamientos de Castillo de Teayo, Texhuacan, Naolinco, Yecuatla, Pajapan, Tlachichilco, Texcatepec, Maltrata, Las Choapas, Totutla, Yanga, Jalacingo, Santiago Sochiapan, Saltabarranca, Tecolutla, Álamo y Tantoyuca.

En la Cuenta Pública 2011, el único ayuntamiento denunciado fue el de Fortín de las Flores, César Torrecilla Ramos, por un monto de 39 millones 151 mil 93 pesos. Cabe recordar que cuando se presentó la denuncia el munícipe fingió una enfermedad para separarse del cargo y huir sin que aparentemente se diera cuenta la FGE.

Del ejercicio fiscal 2012 los ayuntamientos denunciados fueron Alvarado, Cuitláhuac, Mecatlán, Vega de Alatorre, Chacaltianguis, Castillo de Teay, Xico, Fortín, la oficina operadora de agua de Ciudad Mendoza y el Fideicomiso del Túnel Sumergido por 285 millones 568 mil 270 pesos.

De la Cuenta Pública 2013, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras tampoco ha determinado las investigaciones en contra de los ayuntamientos de Xico, Yanga, Tezonapa, Cerro Azul, Zentla, José Azueta, Alvarado, Cosautlán, Vega de Alatorre, Altotonga, Lerdo de Tejada, Pajapan, Tlacojalpan y nuevamente el Fideicomiso del Túnel Sumergido por un daño patrimonial de 390 millones 185 mil 399 pesos.

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