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Informe Rojo
Por Mussio Cárdenas
05 de septiembre de 2016

* Falsea cifras “Culín”: Fuentes  * Fiscalía, responsable de 192 inhumaciones ilegales  * 300 cuerpos en narcofosas en San Julián  * “Descontrol absoluto en el estado”: Miyuli  * Líder de abogados, ejecutado  * Líder de la CTM, amenazado  * Saúl Wade supervisa obras  * El tesorero, el títerealcalde, el cuñado contratista  * Marichuy incurre en desacato  * Policías tatuados

Con dolo, deja Javier Duarte que la violencia avance, que el baño de sangre siga, sin control los cárteles, falseando la estadística del delito el fiscal “Culín, llevando al caos a Veracruz. Nada es casual. Así lo planeó el que se va.

Con mala fe, deja el gobernador que la inseguridad crezca, rebasado el aparato policíaco, atado de manos, que hablen las balas y reine el terror.

Veracruz es rojo, no por rojo-PRI sino rojo sangre, herencia fidelista, herencia duartista. Y un cementerio clandestino monumental con narcofosas a lo largo y ancho de su geografía, panteón del narco, el camposanto ilegal del que habló el cura Solalinde.

Palo Verde, en Xalapa, es otro punto de ilegalidad. Ahí sepultó la Fiscalía —antes Procuraduría— 192 cuerpos sin vida, transgrediendo procedimientos para inhumar y violando protocolos de identificación.

“Es el Tetelcingo veracruzano”, acusa Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito Veracruzano. Alude al escándalo de los cuerpos sepultados por la policía del estado de Morelos.

Pararon ahí, en Palo Verde, 192 personas. No se les identificó. No se aplicó el rigor científico al procedimiento para inhumarlas. Todo de 2011 a la fecha, en el sexenio duartista.

Ubican los organismos no gubernamentales (ONG’s) 75 fosas en la zona aledaña al puerto de Veracruz. Hay por lo menos 300 cadáveres. Han confirmado 28 cuerpos en San Julián y la búsqueda sigue.

Es un gobierno de muerte el de Javier Duarte. Si no es la ejecución es la inhumación clandestina, unas veces a cargo de los narcos, otras a manos de su Fiscalía.

Se agudiza el secuestro cuando Javier Duarte presume haber invertido una millonada en la fuerza antisecuestro, con su “mantarraya” para identificar el teléfono del plagiado y los de los plagiarios que se hallen en su perímetro, el armamento, el equipo de radiocomunicación, el adiestramiento.

Se multiplican las ejecuciones de un buen número de secuestrados por los que se pagó un rescate o por el que los familiares no lograron reunir los que les exigían.

Un punto es el sur. Y un nombre es el de Ignacio Vizuet Ortega, presidente del Colegio de Abogados de Coatzacoalcos, ultimado cuatro días después de ser plagiado.

Suma su nombre a la estadística de muerte, explosivo su caso cuando la madrugada del domingo 4, a eso de las 2 de la mañana, hallan su cuerpo.

Y a la debacle moral se agrega la mentira oficial.

Rebasa la inseguridad al aparato policíaco y el gobernador está de plácemes. Hereda un caos violento, crecido el narco, rebasado el aparato policíaco y el aparato judicial.

Alerta el diputado local Carlos Fuentes Urrutia que las cifras oficiales que aporta el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras al Sistema Nacional de Seguridad Pública, no corresponden a la realidad de Veracruz.

Ya antes lo habían expuesto el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, el grupo de familiares de desaparecidos, los organismos no gubernamentales que han hallado más fosas clandestinas y en ellas restos de víctimas, que lo que la Fiscalía de “Culín” Bravo en lo que lleva al frente del aparato judicial.

Los números de fuentes Urrutia son consistentes:

Secuestro: en enero 10, febrero 9, marzo 12, abril 10, mayo 9, junio 12, julio 12. Son 74 en lo que va de 2016.

Homicidios: enero 111, febrero 98, marzo 101, abril 92, mayo 116, junio 130, julio 199. Total 847.

Refiere el periódico Notiver:

“Fuentes Urrutia señaló que en el mes de julio se alcanzó un máximo histórico de 132 averiguaciones por 168 asesinatos y que en medio de ese manejo de cifras Veracruz no fue considerado para reforzar la seguridad.

“Por lo que resulta sorprendente que Veracruz no aparezca entre las lista de entidades donde se reforzará y cambiará la seguridad debido a la alza de homicidios en sus municipios.

“Y en los primero siete meses del año se han acumulado 537 averiguaciones por este mismo delito, lo que significa la cifra más alta para ese periodo de los últimos cuatro años en lo que va del gobierno duartista.

“Mientras que el total de víctimas de homicidio asciende a 643, que representa un incremento de 120 por ciento en el número de personas asesinadas en comparación con 2015 en donde el registro era de 292, de acuerdo al balance del SESNSP”.

Nada es casual, acusa el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Se trata de un acto de indolencia perversa del gordobés, una bomba de tiempo que habrá de estallar en el nuevo gobierno.

Dice Yunes que el conflicto de violencia debe plantearse al presidente Enrique Peña Nieto y que intervenga el gobierno federal.

“Es mi obligación decirle a los veracruzanos —señala— que estamos viviendo un momento de emergencia que el gobierno actual deja correr porque quiere entregar a Veracruz en las peores condiciones; quiere que esta emergencia se profundice aún más y le apuesta que le vaya mal al nuevo gobierno”.

Resume:

“Balaceras y secuestros, luchas en la calle por el control de la ciudades, enfrentamiento entre cárteles, crecimiento del homicidios y secuestros: descontrol absoluto en el Estado; hay pánico entre la población”.

Ve venir una crisis de seguridad. Veracruz perdió la vela, el timón, el remo, todo. La tripulación huye y el capitán enloqueció.

Instará al Presidente de la República intervenga de manera urgente en Veracruz enviando elementos de cualquier corporación federal a hacerse cargo de las tareas de seguridad, que no pueden seguir en manos de Duarte.

Luego expresó su solidaridad a las familias de las víctimas de desaparecidos. “Es un mensaje de afecto y de comprensión a miles de familias veracruzanas en un tema que lastima. En mi gobierno esta situación no se producirá, no ocultaremos la realidad y evitaremos que esa realidad se presente”.

Nada casual, la violencia es parte del desastre duartista, allegado a los cárteles que impunes convirtieron a Veracruz en su feudo.

Levantados, ejecutados, son la realidad del desgobierno encabezado por Javier Duarte, que ante la perdida de poder y su inminente conflicto y segura prisión, deja que la violencia avance en el norte, centro y sur de Veracruz.

Uno más en Coatzacoalcos. Es Ignacio Vizuet Ortega. Se lo llevaron el 30 de agosto y su cuerpo apareció sin vida, asfixiado, en la zona universitaria, en un predio baldío de la colonia Almendros.

No era Vizuet un abogado cualquiera. Presidía el Colegio de Abogados de Coatzacoalcos y gozaba de fama —capaz, hábil, sagaz, efectivo—, de amigos y enemigos, con casos que cimbraron al gremio.

Uno de ellos fue al defensa de los implicados en el crimen del ex subdirector de Mantenimiento de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, José Férez Kuri, abatido en el estacionamiento de Plaza Patio, el 11 de noviembre de 2014.

Defendía y acusaba Vizuet a los imputados. Decía que sus defendidos fueron torturados por los elementos de la policía Ministerial que los detuvieron. Y algo peor: la esposa de uno de ellos fue violada para que el marido se incriminara.

La noche del 30 de agosto salía de su despacho. Un comando lo interceptó y no se volvió a saber de él. Se filtró que había negociación para el pago de un rescate, algo así como un millón y medio de pesos y que no interviniera la autoridad.

Cuatro días después, la madrugada del domingo 4, su cuerpo fue hallado en un predio baldío. Tenía una bolsa en la cabeza con la que fue asfixiado.

Horas después, una narcomanta alarmó al priismo de Coatzacoalcos y al círculo político en general.

Frente al periódico Notisur, propiedad de los ex alcaldes Marcelo Montiel y Marcos Theurel, en el edificio de una hielería, fue colgada una manta con un mensaje directo contra el líder de la CTM regional, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, atribuyéndole una relación con Los Zetas: pago de cuotas para no ser molestados en el manejo de obreros que participaron en la construcción de la planta Etileno Siglo XXI. Vasconcelos es diputado local electo.

En el mismo narcomensaje de la organización Cártel Jalisco Nueva Generación se alude por segunda vez a la familia Chagra. El primer aviso fue en el mensaje hallado en el cuerpo del empresario Luis Lazcano, también levantado y asesinado una semana antes.

Es el caos orquestado por Javier Duarte, dejando manos libres a la delincuencia, rebasada su policía, activadas las minas en el camino del nuevo gobierno.

Con dolo, Javier Duarte quiere a Veracruz teñido de rojo sangre.

Archivo muerto

Otra de l’enfant terrible, alias Saúl Wade. Placea, supervisa obras, protagoniza, se exhibe y exhibe a Títereweng, el alcalde virtual de Minatitlán, que más bien parece su mascota en día de paseo. Usa las redes sociales el vástago de Jorge Wade González, vetusto líder de la Sección 10 de Minatitlán, por la que han corrido ríos de corrupción desde el quinismo hasta el día de hoy. Se muestra Saúl, el de los 117 millones de pesos de recursos federales que no aplicó y que con una simulación engañó a la Auditoría Superior de la Federación, según documento suscrito por el ex director de Obras Públicas Municipales, José Luis Benítez Parga. Se placea Saúl Wade en su campaña anticipada y ahí trae, a cierta distancia al pseudoalcalde Héctor Cheng Barragán, y a su cuadra de regidores afines. ¿Cuándo y en qué municipio se había visto semejante desproporción? Un tesorero supervisando obras, el alcalde de comparsa, los regidores de acólitos y la desfachatez corriendo en Facebook. Esa es una. Otra será el escándalo que viene una vez que el robo de los 117 millones de pesos de origen federal detone en la prensa nacional, donde ya llegó el legajo de documentos. Una más: la empresa Nuevo Siglo Arquitectos, cuyo apoderado legal es su cuñado José Jamie Silva Barraza, inscrita en el padrón de contratistas de Atlixco, Puebla, cachando chamba en Minatitlán. Y otra más: un asunto sexual… Necia entre necias, María de Jesús Ríos Blanco prefiere incurrir en desacato que cumplir con la orden de un juez federal. Se trata del caso Inés Valladares, ex maestra del Instituto Margarita Oliva Lara, despedida injustamente, sin liquidación, violando sus derechos laborales. En dos ocasiones ha emitido la titular de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 16, en Coatzacoalcos, sendos laudos a favor del colegio demandado y sus propietarias, Helen Arens, Margarita Ortiz y Alicia Mena Brito, absolviéndolas del pago por reconocimiento de 7 años de antigüedad y estableciendo una liquidación de solo 5 mil pesos. Dos veces el Poder Judicial de la Federación ha emitido amparos a favor de la maestra Inés Valladares y María de Jesús Ríos persiste en su afán de favorecer a las demandadas. ¿Por qué será? ¿Qué bisnes se andan reventando? El desacato se paga con cárcel y destitución del cargo público. Un apunte: Marichuy Ríos es la misma a quien los amigos de lo ajeno le allanaron la Junta de Conciliación, el 12 de abril por la madrugada, robaron expedientes, equipo de cómputo. O sea, no fueron por nada de valor, sólo se llevaron un caso laboral. Y Marichuy sigue campante y sin estrés… Así que la moda es tatuarse. Y a la moda está la policía veracruzana y algunos cuerpos de seguridad privada, exhibiendo sus elementos imágenes en la piel. Peor aún porque algunos de los tatuajes presentan una extraña similitud con los que se observan en integrantes de la banda delictiva centroamericana Mara Salvatrucha. Y sería irrelevante de no ser porque en la convocatoria pública a los aspirantes a ingresar a la corporación estatal, emitida por la Secretaría de Seguridad de Veracruz, se establece categóricamente que no calificarán para una plaza quienes presenten tatuajes en la piel. El mismo lineamiento, supuestamente opera para el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), así como en empresas de seguridad privada, pero de que hay elementos tatuados, los hay. ¿O son maras  habilitados como policías?…

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